Los "incumplimientos" detectados por la Cámara de Cuentas en el Parque de las Ciencias: gestión, personal y contratos bajo la lupa

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha fiscalizado el cumplimiento del Consorcio del Parque de las Ciencias de Granada y ha detectado que durante el año de examen, el 2023, cuando la dirección la ostentaba Luis Alcalá, hubo incumplimientos que no son conformes con la normativa. La Cámara de Cuentas incluyó al Parque en su plan de fiscalización para ver el cumplimiento de la legalidad aplicable en la gestión realizada por el Consorcio en cinco áreas: organización y funcionamiento de la entidad; régimen patrimonial, presupuestario, contable y de control de la actividad; financiación; gestión de personal y contratación administrativa en el ejercicio 2023. Y el resultado es claro: por la "relevancia de los incumplimientos" detectados, las actuaciones desarrolladas por el Consorcio ese año en las áreas fiscalizadas "no resultan conformes con el marco normativo".

Sobre organización y funcionamiento de la entidad, considera que los estatutos vigentes, modificados la última vez en 2018, presenta "deficiencias, incoherencias y, en algunos casos, una falta de actualización que deriva en incumplimiento". Se detecta, por ejemplo, que "hasta la fecha ningún trabajador contratado proviene de algunas de las administraciones consorciadas" cuando se determinó que el personal al servicio del Consorcio habría de proceder "exclusivamente" de las administraciones participantes. Además, se rigen por el convenio colectivo de personal laboral y no por lo dispuesto en los estatutos.

Se señala también la separación del Consorcio de la Fundación Caja Granada en 2019, realizada mediante su comunicación de baja y la cancelación de su porcentaje de participación en la financiación del mismo. Según la Cámara de Cuentas, no consta el acuerdo de separación aprobado por el Consejo que determinaría los motivos de la separación y la garantía para que no se produjeran perjuicios para los intereses públicos. De hecho, señala que el Consorcio ha venido asumiendo el 1% de financiación que realizaba esta entidad con medios propios, "sin que conste en los estatutos la actualización de los medios consorciados y la participación de cada uno en su financiación", lo que incumple los estatutos, que fijan que la separación es efectiva a partir del ejercicio económico siguiente a la modificación de los estatutos.

Se relatan otros incumplimientos de los estatutos que constatan la falta de ejecución de las competencias atribuidas a los distintos órganos que conforman el Consorcio, como la falta de reglamentos de organización y de régimen interno o un inventario del patrimonio con los bienes, situación jurídica y uso.

Además, la presidencia no convocó dos sesiones del Consejo Rector y la Comisión Ejecutiva en 2023, lo que originó que haya documentos necesarios para la gestión y el funcionamiento sin la preceptiva aprobación: la determinación de la aportación anual ordinaria de los miembros del Consorcio (por lo que lo aportado en 2023 no se ajusta a los porcentajes de participación fijados en los estatutos); la liquidación del presupuesto, memoria de gestión económica, balance de actividad y cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2022; el plan anual de actuación de 2024; el presupuesto para 2024; la aprobación de los 12 convenios que se formalizaron durante 2022 y los 19 de 2023 y la plantilla anual de las plazas y actualización de la RPT para asimilar los puestos de trabajo del Consorcio a los de puestos equivalentes de la Junta de Andalucía.

También se han detectado deficiencias en la publicación por transparencia de la información sobre el organigrama y que los sistemas de información implantados no tienen el certificado de conformidad del Esquema Nacional de Seguridad.

Sobre el área presupuestaria, contable y de control, indica que el Consorcio "no se ha integrado en la Cuenta General debido a que, por tercer año consecutivo", no ha rendido los siguientes documentos: estados financieros, remanente de tesorería, cuenta de operaciones extrapresupuestarias y memoria de los estados contables, lo que incumple varios artículos legales. Además, la dirección del Consorcio no ha presentado al Consejo Rector, para su aprobación, la memoria de gestión económica del ejercicio 2023 analizado.

Respecto al área de financiación, entre otros aspectos indica que no se cumplió el trámite sobre cierre de ejercicio presupuestario de 2022 y apertura del de 2023 al no remitirlo en el tiempo establecido. En el siguiente año, con el cierre del de 2023 y apertura del de 2024, aunque se realizaron los trámites necesarios, de los 1.155 expedientes a formalizar, por un importe de 3,9 millones, quedaron sin contabilizar 384 expedientes por 3,6 millones. También se ha incumplido el principio contable de devengo al reconocer en el presupuesto de ingresos de 2023 los derechos de la aportación anual de la Diputación de Granada por importe de 487.367 euros, y del servicio de explotación de la cafetería, por importe de 22.751 euros, cuando los actos administrativos que acreditan la realización efectiva de los citados servicios fueron expedidos durante los ejercicios 2021 y 2022, respectivamente. Además, sobre la explotación de la cafetería, en 2023 se reconocieron 136.923 euros sin cobertura legal que acredite el derecho de cobro ya que el contrato se extinguió el 14 de agosto de 2022.

En el análisis del área de gestión del personal, además de incidir que el personal se rige por el convenio colectivo contradiciendo los estatutos, analiza la asimilación de los puestos y retribuciones a los de puestos equivalentes de la Junta de Andalucía. En junio de 2022 se aprobó el organigrama y se propuso la modificación del convenio, pero a la fecha del análisis no se había elevado al consejo rector para su aprobación, lo que ha ocasionado que la RPT no incluya hasta nueve categorías profesionales aunque consten como efectivos reales existentes.

Del área de contratación administrativa, se analizaron contratos menores, no menores y convenios, detectando incumplimientos de la ley de contratos del sector público. Entre ellos destaca la prórroga de la gestión integral del Biodomo 2022, que "no responde a una situación imprevista, supera el periodo máximo fijado de nueve meses, modifica las condiciones del contrato y el anuncio de licitación del nuevo no se publicó con antelación mínima de tres meses. También hay contratos menores que no constan en la relación aportada por el Consorcio. De los convenios, no consta el suscrito para la exposición Wow. Maravilla de la vida salvaje. Además, de los 31 manifestados por la entidad, 16 no han sido publicados en el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía. También del convenio para la cesión de ejemplares de animales naturalizados con fines expositivos, destaca que es un acuerdo oneroso, lo cual desvirtúa la procedencia del empleo de la figura del convenio.

Otras cuestiones analizadas no afecta a la opinión de cumplimiento pero la Cámara de Cuentas las considera de interés, como que la gestión de la facturación de las entradas (3,9 millones de ingresos) y del parking (76.698 euros), se encuentran externalizadas mediante contrato administrativo "sin que conste la aprobación de protocolos de este procedimiento que garanticen el control y seguimiento de la gestión".

Con todo esto, la Cámara de Cuentas recomienda adoptar medidas para mejorar la organización con prioridad alta (requiere atención urgente) o media según la medida sea una deficiencia significativa o una debilidad material. En total son nueve recomendaciones, todas con prioridad alta: modificar los estatutos para adaptarlos a la situación actual de la entidad; promover la ejecución de las competencias atribuidas a los órganos que conforman la estructura de la entidad, responsables de la administración y de gestión de la entidad; impulsar la elaboración y aprobación de los reglamentos de organización y régimen interior; cumplir con la obligación de rendir cuentas de las operaciones presupuestarias, patrimoniales y de tesorería; revistar la RPT y aprobar la plantilla del personal; excluir de los contratos menores los que tengan carácter recurrente o las necesidades ligadas al desarrollo de un servicio; evitar prórrogas que respondan a una situación excepcional cuando se trata de servicios recurrentes; establecer un procedimiento ágil que permita la publicación y transparencia de la actividad contractual y convencional y reforzar el seguimiento de la ejecución de los contratos.

Ante este informe, el Consorcio presentó 33 alegaciones, de las que se admitieron cinco (tres íntegras y dos parcialmente) y el resto no.