El caso Penta es sin duda uno de los mayores palos económicos a las arcas municipales. Tanto es así que el Ayuntamiento de Granada no ha tenido otro remedio que fijar un calendario de pagos para afrontar la cantidad que asciende a los 16,4 millones de euros. En una primera fase, la capital tiene que afrontar 5,6 millones en pagos inmediatos. Con unas arcas municipales bajo mínimos la pregunta más inmediata es, ¿de dónde va a sacar tal cantidad de dinero? La respuesta tiene múltiples respuesta. Por un lado, el Ayuntamiento ha decidido prescindir de proyectos como el Centro de iniciativas empresariales o la urbanización viales C-1 y terrenos de los Mondragones. Por otro, ha optado por utilizar el dinero que ingresa por ejemplo, de las sanciones urbanísticas, para pagar lograr reunir 570.526 euros a los que se suma 1,3 millones de euros que la capital pagará también al promotor procedentes del justiprecio que Adif debe pagar al Ayuntamiento de Granada por la expropiación de ocho parcelas de Plan Parcial Oeste 3 y que se utilizaron para las obras de la entrada del AVE en la capital entre La Chana y La Rosaleda.

De esta forma, la capital sale del paso para pagar al promotor en 2018. Lo que sin duda resulta una incógnita es de donde sacará el dinero en 2019 en una ciudad que vive condenada a operar a golpe de transferencias de crédito al arrastrar el presupuesto nada menos que desde 2015.

En 2018 pagará 1, 9 millones procedentes de distintos proyectos y de dinero de Adif

En concreto, la capital ha establecido destinar el canon que cobra a las empresas que operan en la Plaza de la Ilusión ocupada por un gran supermercado y que asciende a 8.145,39 euros. También ha optado por utilizar el dinero que cobra por el derecho de superficie de Mondragones donde hay un aparcamiento, un gimnasio y una cadena de supermercados que asciende a 39.510 euros. Los ingresos procedentes de las sanciones de disciplina urbanística divididas en tres apartados correspondientes a los años 2015, 2017 y 2918 que ascienden a 71.884, 75.647 y 48.337 euros respectivamente forman parte también de esta partida. Por otra parte, el Ayuntamiento ha tirado de la venta de las permutas por valor de 67.493 euros y del uso temporal de parcelas que asciende a 29.837. Estas dos últimas se corresponden a ingresos correspondientes a 2018. Todo, dinero que se podría utilizar para otros proyectos y que, sin embargo, se va a la hucha de los embrollos urbanísticos con sentencia.

Por otra parte, el área de Urbanismo ha previsto la anulación de tres proyectos de gasto que suman los 229.669 euros. Se trata de la partida de gasto prevista para desarrollar el proyecto de Centro de Iniciativas Empresariales (V fase) por valor de 89.238 euros, la cantidad otra cantidad financiada y disponible para otros conceptos que no se especifican por valor de 55.777 y la urbanización de los viales C1 y terrenos de Mondragones por valor de 84.654 euros.

No obstante, tal y como detalla la solicitud del concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández Madrid, para la generación de crédito, en esta anualidad presupuestaria el justiprecio en metálico asciende 1.900.000 euros de los cuales 1.329.473 euros se corresponden con el justiprecio que ha de abonar al Ayuntamiento de Granada el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias Adif procedentes del pago pendiente por la expropiación de los terrenos sobre los que se levantó la plataforma de entrada del AVE a la capital. Esta semana, el Ayuntamiento anunció la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante la Comisión Provincial de Expropiaciones a fin de obtener 1,5 millones más por el valor actual de las ocho parcelas en cuestión. Los otros 570.526 euros se generarán con cargo a los recursos y bajas citados con anterioridad. Esta es la partida más inmediata que se prevé pagar antes de final de año y que se realizará a través de un cheque. Después se realizará la citada transferencia de 1,3 millones procedentes de Adif.