La Fiscalía de Granada no se da por vencida e insiste, a pesar de la sentencia exculpatoria, en que el ex gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, Manuel Lorente, y el empresario José Julián Romero incurrieron en los delitos de cohecho y prevaricación. En el recurso de casación presentado ayer, el fiscal señala que el informe que firmó el ex gerente de Urbanismo en 2006 para legalizar el edificio construido por Romero sobre el solar del campo de Los Cármenes fue una contrapartida a cambio del viaje que ambos emprendieron juntos a Japón ese mismo año con motivo del Campeonato del Mundo de Baloncesto y que fue pagado total o parcialmente por el empresario.

Asimismo considera que la explicación dada por la secretaria de Romero para justificar el pago del viaje, y que el juez de instrucción número 4 aceptó en la sentencia absolutoria, es más bien "una versión exculpatoria urdida por los imputados a posteriori". Por ambas razones, el fiscal se opone al sobreseimiento.

En el recurso, el fiscal repite que Romero y Lorente pudieron incurrir en un delito de cohecho y otro de prevaricación administrativa por parte del funcionario. Respecto al primer supuesto delito, el escrito señala que la versión dada al juez por la secretaria del empresario carece de fundamento. La empleada dijo que en nombre de su jefe, y sin autorización expresa suya, pagó el viaje de ambos y de sus respectivas esposas a Japón usando para ello "ni más ni menos" que la tarjeta de crédito de la mujer de Romero y, al superar el importe el límite de crédito, el número de cuenta personal de su jefe.

La explicación de la secretaria, señala el fiscal, es "muy conveniente si no fuera porque resulta de todo punto increíble". "No es verosímil", agrega, "que un empresario como el señor Romero desconociera desde un principio el importe real del viaje ni que permitiera a su secretaria, sin su conocimiento y autorización previa, a utilizar nada menos" que su cuenta bancaria y la tarjeta de su mujer. El precio final abonado por los gastos generales del viaje llegó a los 22.000 euros.

El fiscal cree "más razonable" que la explicación de la empleada fue una "versión exculpatoria" preparada por los imputados a posteriori con la colaboración de una "empleada fiel y de confianza que asume la responsabilidad de los hechos".

En relación al supuesto delito de prevaricación, el fiscal cree que hay una relación directa entre el pago del viaje y el impulso que Manuel Lorente dio, poco después, al expediente de modificación del estudio de detalle del edificio construido en el viejo estadio de Los Cármenes. Lorente, dice el escrito, no sólo no se abstuvo sino que "controló" la legalidad de la promoción y logró que Romero obtuviera la licencia de primera ocupación. Manuel Lorente informó, según la tesis del ministerio público, a favor del expediente en dos ocasiones "con el consiguiente beneficio económico derivado de la entrega de las viviendas a los compradores".

Por todo ello, precisa el fiscal, no se puede afirma tajantemente, como hace el juez en la sentencia absolutoria, que el funcionario no actuara "torticera e interesadamente" como consecuencia de al estrecha relación privada que existía entre ambos. El recurso también cita el testimonio del jefe de la asesoría jurídica del Ayuntamiento que Lorente hizo repetidas gestiones "para solucionar el problema de las alturas de las plantas de los edificios", en contra de su propio parecer, más favorable a elaborar un plan especial.