El plan de inspección de viviendas vacías comenzará en dos semanas

En menos de dos semanas la Junta de Andalucía comenzará un plan de inspección para registrar las viviendas desocupadas con las pertinentes sanciones a las entidades financieras o personas jurídicas que no pongan las viviendas en régimen de arrendamiento, según adelantó ayer la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés durante una visita a Granada. Una batería de medidas que se pone en marcha después de que el pasado 9 de abril se aprobara un decreto "para asegurar el cumplimiento social de la vivienda" que permite expropiar temporalmente las casas en casos de desahucio o imponer fuertes multas a bancos e inmobiliarias que tengan las residencias de su propiedad sin ocupar. En este sentido, la consejera de Vivienda indicó que con el decreto la Junta "defiende la vivienda como un derecho del ser humano"; e imposibilita que "haya casas sin gente" en provincias como Granada donde hay "93.000 viviendas vacías".

Además, Cortés dijo que para proteger a las personas físicas se aprobará la orden de "asegurar los posibles desperfectos o impagos de la renta que estos posibles inquilinos pudieran hacer, aportandoles una mayor seguridad jurídica", remarcó.

Estas declaraciones fueron realizadas durante la firma de un convenio entre la Junta de Andalucía y 25 ayuntamientos de Granada para incorporarlos al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda impulsado por la Consejería de Fomento. Gracias a esta adhesión los vecinos de estos municipios podrán utilizar este intrumento de mediación e información en caso de encontrarse ante una situación de desahucio.

El éxito de este programa fue destacado por la consejera, que recordó que 44 ayuntamientos ya firmaron su adhesión al programa hace seis meses. Durante ese periodo la oficina ha recibido un total de 253 visitas, que dieron lugar a la tramittación de 206 expedientes de los cuales "hemos paralizado 134 desahucios", o lo que es lo mismo: "134 familias permanencen en su vivienda".

En este sentido, Cortés remarcó que "las oficinas se abrieron con el objetivo de que las personas que acudieran a ellas no perdieran su vivienda. Los resultados que se están obteniendo nos permiten afirmar que estamos cumpliendo con ese cometido, lo que significa que la política sí puede cambiar las cosas si una administración se pone del lado de quienes peor lo están pasando".

La consejera recordó que en España ha habido 444.000 desahucios ilegales desde que comenzó la crisis y "pedimos verdad, justicia y reparación para aquellas familias que han perdido su vivienda" y "lamentamos que el Gobierno central dé la espalda a la Iniciativa Legislativa Popular y defienda los intereses particulares en lugar del interés general".

En este sentido se mostró satisfecha de que los 25 ayuntamientos de Granada hayan firmado el convenio después de dos momentos "muy importantes: la sentencia del Tribunal de Luxemburgo de 14 de marzo que vino a decir que la legislación hipotecaria y de enjuiciamento civil no respetaba la normativa comunitario y de la aprobación por parte del gobierno andaluz del decreto ley para asegurar la función social de la vivienda".