Así ven los institutos de Granada los cambios para conseguir los títulos de ESO y Bachillerato con asignaturas suspensas

Los centros educativos de la provincia de Granada digieren, una vez más, un cambio normativo. La sensación generalizada es la de indignación ante una nueva modificación legal cuando apenas se ha llegado a desarrollar la anterior. Esa apreciación convive con las dudas que despierta el desarrollo de la Lomloe (conocida como ley Celaá, por el nombre de la ministra que la impulsó). Tras publicarse el miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Real Decreto 984/2021, que regula la evaluación y promoción en la Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional, toca analizar cómo se aplicará el texto. La normativa establece, entre otras novedades, la eliminación de los exámenes de recuperación en la Secundaria, donde un alumno podrá titular con varias suspensas si así lo estima el equipo docente. Lo mismo se prevé para Bachillerato, donde con una suspensa será posible superar la etapa, aunque será requisito tener una media superior a cinco. Los centros pronostican problemas con las familias, entre los propios equipos docentes y necesidad de detallar ellos mismos qué se podrá exigir a un alumno. “Esta norma es un nido de problemas”, resume el director del Arjé de Chauchina, José Madero, presidente provincial de la Asociación de Directores de Instituto de Andalucía.

La Junta de Andalucía ya ha mostrado un rechazo frontal a esos cambios, aunque reconoce que carece de margen para evitar las modificaciones, que considera un “ataque” a la cultura del esfuerzo. Varios directores consultados por este periódico advierten de que la normativa estatal provocará efectos en el alumnado al ser consciente de que puede promocionar de curso sin superar ciertas materias.

Con la nueva ley, la evaluación en los institutos pasa a ser “continua, formativa e integradora”. Para alcanzar dicho fin, desaparecen desde este mismo ejercicio académico los exámenes de recuperación que se celebraban en septiembre. Desde el Gobierno andaluz se aclara que estas pruebas ya no se realizan en muchos centros o se han adelantado a junio, como ocurre en la Universidad de Granada. En Secundaria se podrá pasar de curso con hasta dos materias cateadas, algo que contemplaba la anterior ley (la también polémica Lomce del ministro José Ignacio Wert), la cual ampliaba este supuesto a tres asignaturas suspensas para casos excepcionales.

La decisión última sobre la promoción y la titulación, tanto en ESO como en Bachillerato, queda en manos del claustro de profesores, reunido en junta de evaluación, por lo que estos profesionales son los principales responsables de la decisión. Una competencia que siempre han ostentado, pero que ahora se queda sin resortes legales que amparen tal cometido, como advierten desde la Junta.

En Granada, la tasa de los que no promocionan en la ESO estaría sobre un 10% aproximadamente, en función del año académico. En los cuatro cursos de la Secundaria, 37.804 alumnos pasaron de curso según los últimos datos sobre rendimiento académico, publicados por la Consejería este mes de noviembre y con datos sobre el curso 2019/2020. Otros 3.565 matriculados no superaron el curso. El mayor número de repetidores está en segundo de ESO, con 1.048 alumnos que no superaron el curso, mientras que en cuarto fueron 766. Cabe destacar que también hay más alumnado en los dos primeros años de la Secundaria que en los dos últimos. También hay diferencias significativas en función del tipo de centro. Así, entre los privados la repetición de curso es una cuestión muy limitada. El 100% del alumnado de primero y cuarto de Secundaria de centros privados pasó de curso, y en segundo y tercero la tasa fue de 99,6%.

Frente a la “estrategia” del Ministerio –que dirige desde el verano Pilar Alegría– por reducir estos números, el departamento que comanda Javier Imbroda defiende que las competencias educativas no mejoran “bajando los requisitos”, sino aumentando los refuerzos y apoyos al alumnado. “Pero, claro, estos medios cuestan dinero”, subrayan fuentes de la Consejería, que insisten en que la nueva ley “va dirigida a mejorar las estadísticas en lugar de la formación del alumno”. “El mensaje que se transmite es que, hagas lo que hagas, se pasa de curso”, añaden.

El director del Arjé, José Madero, apunta que la situación entre los directores es de “hartazgo” por una nueva norma. El pasado mes de enero la Junta aprobó el decreto que desarrolla las enseñanzas de ESO y Bachillerato, documento que ahora hay que volver a reformular. “Ya no es que sea un cambio cada legislatura, es un cambio cada año”, critica Madero, que destaca el trabajo que supone este tipo de pasos. “Parece que es muy simple, pero conlleva mucho trabajo” adaptar el centro, las programaciones y metodologías a lo que establece el Real Decreto recién aprobado.

Sobre el contenido del texto, Madero alega que la autonomía de los centros “no es real”. Un alumno podrá superar la etapa con tres suspensos, si así lo estima conveniente el equipo docente. Sin embargo, Madero se plantea “¿por qué no vale el criterio de un docente que ha puesto un suspenso? ¿No se confía en que el que tiene un suspenso es que va mal?” “Es un grave error por parte del Ministerio” de Educación, detalla el director, “decir que un suspenso no tiene que ver con la evaluación”. El responsable provincial de los directores de instituto reivindica que “tendrían que confiar” en el criterio del docente que ha decidido que no se han conseguido los objetivos y ha suspendido por ello a un alumno. “El número de suspensos –abunda– es un dato a tener muy en cuenta” a la hora de determinar si se han cumplido los objetivos y ese alumno puede obtener el título o no. Madero también esgrime que los alumnos tendrán en cuenta la norma para decidir ‘dosificar’ su esfuerzo. Es probable que dejen de trabajar en determinadas asignaturas, porque saben que no tendrá repercusión y de todos modos pueden obtener el título. A su vez, se plantea que se podría fomentar que determinados centros tengan ‘fama’ de permitir al alumnado superar la etapa con suspensos, frente a otros que resultarían más exigentes.

Estas cautelas también las expresan otros directores consultados. El del IES Ulyssea de Ugíjar, Miguel Martín, explica que es posible que el cambio permita una mayor agilidad en cuanto a los procesos administrativos, pero que en lo pedagógico “se le quita la oportunidad al alumno de recurrir al verano” para estudiar y superar las asignaturas suspensas. Valora que llevar la extraordinaria de septiembre a junio no da resultado –“Es muy difícil que se supere una asignatura” que se ha suspendido una semana antes– y, por otro lado, indica que la eliminación de las convocatorias extraordinarias quitan un “aliciente extra” que podrían tener los estudiantes. “La motivación de aprender por aprender es complicada”, resume el director del instituto de Ugíjar, por lo que la opción de tener una nueva oportunidad puede suponer un acicate para sentarse e hincar codos. “Esa motivación –de tener una segunda oportunidad– la perdemos”.

Más allá de las repercusiones que estas medidas puedan tener en el rendimiento de los estudiantes, como el resto de directores consultados, Martín también critica los “bandazos” dados por las administraciones públicas. “Ese es el mayor problema”.

El director del IES Acci de Guadix, Isaac Expósito, coincide en esta apreciación. “Todos los partidos han hecho cambios legislativos sin consensos”, reflexiona. Esa “continua y permanente” revisión afecta a los centros. Sobre el Real Decreto, Expósito explica que “no comparto que no haya cosas que cambiar”. En este sentido, avanza la necesidad de que en los institutos se trabaje en habilidades sociales, cuestiones que luego se requieren en “la vida real”: “Tenemos que conseguir completar la formación académica con el desarrollo personal”, especifica el director del centro accitano. Sin embargo, Expósito recalca que “parte de esas apreciaciones quedan sepultadas” por cuestiones como la promoción con suspensos, una cuestión que, añade el director, deja “el balón en el equipo docente”, que “puede sentirse atacado o desmotivado”.

El criterio de los docentes puede variar de centro a centro, e incluso dentro de un instituto de un grupo a otro, lo que supone un problema asociado a la aplicación de la norma. “El alumnado siempre puede pensar en agravios”, apunta Miguel Martín, que adelanta que posiblemente serán los propios centros los que tengan que “establecer” los criterios que se aplicarán. “Una cosa es la libertad de los centros a nivel pedagógico, pero tiene que haber unos mínimos para garantizar la igualdad de oportunidades”.

La jefa de estudios del Zaidín Vergeles de Granada, María Ángeles Sánchez, abunda en hecho de que “hemos comprobado que las repeticiones no sirven” tal y como están planteadas, ya que un aluno puede volver a cursar el mismo año, pero después de un año pasará de curso. “La atención a la diversidad es una quimera con 30 o 33 alumnos en el aula”, zanja.