El interventor del Ayuntamiento de Granada realiza cada trimestre un informe sobre el estado de ejecución del Plan de Ajuste de la ciudad, vigente desde 2017 para evitar una intervención del Gobierno por la elevada deuda municipal, que superaba entonces los 300 millones de euros. En el último pleno mensual se dio cuenta del informe correspondiente al tercer trimestre de 2022. Y hay conclusiones llamativas. La principal, que advierte de que medidas incluidas en el plan no funcionan porque no consiguen el ahorro prometido. 

En concreto, en varios puntos del informe y en sus conclusiones el interventor habla de "falta de rigor de algunas de las medidas" del plan, "que no se traducen en ahorros reales", algo que "no deja de llamar la atención" del interventor porque las medidas que se pensaron para ahorrar, según los datos, no lo consiguen.

El interventor analiza el cumplimiento de las medidas del plan tanto en el capítulo de gastos como en el de ingresos y hace una evaluación general del mismo y del cumplimiento de sus principales parámetros. Y todavía hay dos en los que el Ayuntamiento incumple: el Periodo Medio de Pago (que sigue estando por encima de lo establecido) y en remanente de tesorería. Sí cumple en los parámetros de estabilidad y endeudamiento y el ahorro neto después de aplicar remante de tesorería es positivo. El plan vence a final de 2023 y para entonces habrá que cumplir todos los parámetros. 

Buscar otras medidas de ingresos

En el capítulo de ingresos analiza las medidas de subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones tributarias que se pensaron para recaudar más dinero y que estaban llamadas a tener un impacto de 15,9 millones de euros. Pero esa previsión de subida de ingresos no ha sido tal. Respecto al IBI urbano, advierte que hay duplicidad de ajustes. Sí se ha cumplido la medida de eliminación de la bonificación de los vehículos de más de 25 años pero el resto de medidas de supresión de exenciones y bonificaciones (domiciliaciones bancarias de IBI y IVTM) "no se ha cumplido, no habiéndose aprobado en Pleno Municipal". Por eso, indica que "supone una merma de ingresos que debe de analizarse y corregirse con otras medidas ya que de otro modo se incumpliría el objetivo de conseguir el remanente de tesorería positivo en el plazo de 5 años", escribe el interventor. El ajuste real al tercer trimestre del 2022 lo fija en un total de 1,2 millones de euros. 

Además, alude a las nuevas ordenanzas fiscales de 2023, que incluyen una bajada del IBI, del ICIO o de la tasa de actividad económica. "Al suponer estas modificaciones, de acuerdo con los informes económicos emitidos, una disminución de los ingresos del Ayuntamiento de Granada para 2023 por importe estimado de 1.359.030 euros para el IBI, 14.056 para la tasa de licencia de obra y 700.000 para la eliminación de la cuota tributaria en materia de actividades, lo que hace un total de 2.073.086 euros para el ejercicio 2023 y estando sujeto el Ayuntamiento a un plan de ajuste cuyo incumplimiento da lugar a graves medidas de corrección por parte del Ministerio de Hacienda, la aprobación de "este expediente debería acompañarse de una propuesta expresa de disminución de gasto para el ejercicio 2023 o, en su caso, aumento de otros ingresos por el importe de estas disminuciones. De otro modo se pondrá en riesgo la economía municipal y el cumplimiento de los objetivos del plan de ajuste". 

La medida 3 de ingresos relativa a la inspección de tributos prevé un ajuste en positivo para 2022 de 8,1 millones, "de los que ni de los datos obrantes en la contabilidad municipal ni de la nula información que suministra el servicio de inspección de tributos, se aprecia ningún ahorro en la liquidación de tributos procedentes de las actas de inspección, por lo que el ajuste aplicado es 0. Llamando la atención acerca de la falta de rigor de algunas de las medidas plasmadas en el Plan de Ajuste, que no se traducen en ahorros reales. 

Gastos: descontrol en horas extra

En el capítulo de gastos, hay varias medidas incluidas en el plan de ajuste, como la reducción de costes de personal, la regulación del régimen laboral y retributivo de las empresas públicas o la reducción de contratos menores.

En cuanto a los gastos de personal, el plan de ajuste obliga a una reducción de las horas extra, lo que no se cumple porque se advierte de una subida considerable de las mismas. También incluye la revisión de la situación laboral del personal integrado de la empresa Emuvyssa, que tienen complementos específicos superiores al resto del personal del Ayuntamiento por 82.906 euros; la amortización de plazas vacantes por jubilación para toda la vigencia del Plan de Ajuste o la reducción de los miembros del tribunal de contratación. El total de ahorro de la modificación del plan de ajuste en esta medida de personal es de 2,4 millones de euros. 

En la aplicación concreta de estas medidas, se contempla en 2022 un ahorro previsto por amortización de plazas vacantes por jubilación de 1,2 millones de euros. En informe de julio de este año se indica que el número de jubilaciones asciende a 21, suponiendo un ahorro anual generado en 2022 en el Capítulo I de un millón de euros, ahorro que se mantiene en este tercer trimestre.

Hace especial hincapié el interventor en las horas extra. Advierte de que no ha habido reducción alguna "sino que el gasto se ha ido incrementando con respecto al ejercicio anterior". En 2021 se abonó un 1.672% por encima de la consignación inicial prevista y un 166% más que el año anterior. En este 2022 ya se han reconocido horas extra por importe de 1.877.192 euros (la mayoría a Bomberos -1,4 millones-, seguido de Policía Local -393.960 euros-, personal de servicios generales y de medio ambiente). Y destaca como novedad el abono de horas extra a personal de Urbanismo que tramita proyectos Edusi por más de 65.000 euros. Por tanto, no hay ahorro alguno en este capítulo y advierte de de los requisitos que hay que cumplir para considerarse horas extra y habla de que es "necesario y urgente reconducir el tema de las horas extraordinarias a fin de no poner en peligro la estabilidad financiera del Ayuntamiento de Granada". Así, advierte que no solo no se reducen las horas extra los 855.000 euros anuales que establece el plan sino que se incrementan año a año. En el presupuesto de 2022 se consignó 1,1 millones para este concepto y hasta la fecha se han abonado ya 1,8, es decir, más de 725.000 euros sobre lo previsto. Y eso pese a que se prevé una reducción en el periodo 2024-2033 del coste de personal de Protección ciudadana de horas extra por 400.000 euros. 

También señala que en cuanto a la revisión laboral del personal procedente de la extinta Emuvyssa, no se ha cumplido tampoco, "lo cual llama la atención acerca de la falta de rigor [vuelve a repetir] a la hora de establecer una medida de difícil cumplimiento, plasmando unos ahorros que jamás se han cumplido a lo largo de 5 años. 

La reducción de contratos menores se recoge también en el Plan, como medida 10. Aquí, el interventor advierte de que "para que los ahorros sean efectivos debería declararse la no disponibilidad de los créditos o al menos su retención con el fin de que no puedan ser usados para incrementar el gasto en otras aplicaciones bien a través de las bolsas de vinculación, bien a través de modificaciones presupuestarias de transferencia de crédito". Las medidas de este apartado están diseñadas para generar un ahorro de 4,7 millones de euros: 580.000 de la revisión del contrato de telefonía; 3,1 millones del plan de ahorro energético; 188.000 euros de la revisión de l contrato de conservación y bacheo; 90.221 de los servicios de portería de colegios; 363.000 de renovación de las instalaciones de alumbrado público; 330.000 de la reducción del contrato de vigilancia de edificios y 121.000 del nuevo contrato de TG7 con la productora. Pero la realidad tampoco ha sido así. Del contrato de telefonía se ha ahorrado la mitad (220.000 euros), del plan de ahorro energético "no se aplica ajuste alguno"; de la conservación y bacheo "no se aplica ajuste alguno al tercer trimestre"; de la portería de colegios "no se aplica ajuste alguno"; del alumbrado público se ahorra 47.000 euros; de la vigilancia de edificios "no se aplica ajuste alguno" y de TG7 "no se aplica ajuste alguno". Así, el total de ajuste es de apenas 268.067 euros (solo del contrato de telefonía y del alumbrado). 

El Plan de Ajuste incluye también el ahorro de 4,6 millones en la revisión de las cláusulas del contrato de limpieza de la ciudad. Sobre este contrato, "aún no se ha aprobado la nueva licitación" pese a que el anterior contrato venciera en diciembre de 2020, por lo que el interventor, que ya lo ha hecho en otros informes trimestrales, vuelve a instar "a que se tramite de manera urgente una nueva convocatoria pública". La misma advertencia que se hace sobre el contrato de transporte urbano. Advierte de que se tramite de manera "urgente" y que la demora es solo culpa de la Administración, que puede estar cayendo en "dejación de funciones", por lo que podría incurrir en responsabilidades.

Respecto al transporte urbano, el plan de ajuste recoge también la subvención al transporte urbano (que duplica la establecida en el plan) y aportación al déficit de explotación del metro. Este 2022 la aportación total es de 11,7 millones. Se recoge en el informe que solo en 2021 el coste total de la subvención al transporte urbano ascendió a 27 millones de euros, de los que 8 se quedaron sin consignación presupuestaria registrándose como OPAs y aplicadas definitivamente a presupuesto del 2022. "En definitiva, existe una diferencia entre lo previsto en el plan de ajuste y el coste real del servicio de transporte urbano de 15,6 millones". 

Seguir bajando el periodo medio de pago

El Periodo Medio de Pago es un concepto que marca el plan de ajuste ya que la normativa de morosidad marca un máximo de días. De hecho, no se puede superar el plazo máximo de la normativa de morosidad de 30 días al cierre del quinto año de sujeción al plan de tesorería, que será 2023. El importe previsto de PMP para 2022 es de 40 días. El PMP de septiembre de 2022 del Ayuntamiento de Granada en términos consolidados ha sido de 72,53 días. De septiembre de 2021, con 84 días, a septiembre de 2022, con 72, se ha producido un descenso significativo, de lo que se deduce que el Ayuntamiento está adoptando medidas de reducción de gastos, incremento de ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos que permitan generar la tesorería necesaria para reducir el PMP, debiendo continuar en esta senda hasta el plazo máximo que fija la normativa.