El "grupo criminal" en la Policía Local de Granada tenía que "aprobar sí o sí al niño del jefe" y otros familiares de los cargos

La causa judicial que investiga los supuestos amaños en la oposiciones de Policía Local en varios municipios de Granada, entre ellos la capital, ha dado un paso clave con el alzamiento del secreto del sumario. El pasado 28 de octubre la jueza dictó un auto en el que ordenaba no renovar ese secreto y solo unos días después, y en base a ese paso dado, ordenaba admitir la personación de nuevas partes, entre ellas las del Ayuntamiento de Granada y el de Albolote, dos de los municipios donde se investigan los procesos selectivos en los que se habría beneficiado a familiares y amigos de los mandos policiales del momento. En un auto posterior, fechado el miércoles, resume el estado de las actuaciones, que ya se pueden considerar una gran macrocausa por los 43 investigados, las tres tramas de Granada, Albolote y Algarinejo y la decena de delitos que se les imputan. El volumen del sumario así lo confirma. Este casi medio centenar de personas están investigadas como "integrantes de un grupo criminal que ha realizado presuntamente el amaño y fraude sistémico de varios procesos concursales públicos".

43 investigados, con parte de la anterior cúpula policial de Granada, entre ellos el antiguo jefe de Granada, José Manuel Jiménez Avilés, están implicados en esta causa judicial. El papel del máximo responsable del cuerpo policial de la ciudad es, según relata la jueza en su auto, de especial relevancia en la trama dada la "intención del grupo criminal de aprobar si o si al niño del jefe".

El caso se inició en 2024 a través de las denuncias expresadas por un policía en otra causa judicial. Se inició una investigación que tuvo su momento clave en febrero pasado, con la entrada y registro por parte de la UDEF en las dependencias de la Policía Local de Granada, en la Huerta del Rasillo y en oficinas de Los Mondragones del Ayuntamiento de Granada. Desde entonces la jueza de Instrucción 4 de Granada dictó el secreto de sumario y la policía ha seguido con sus averiguaciones y más registros, para la práctica de las diligencias que la magistrada ha ido ordenando.

A finales de octubre, la jueza decidió levantar el secreto de un sumario muy extenso al que tienen acceso ahora las partes implicadas para conocer los detalles de esta investigación que se ha convertido en una de las más complejas de la historia judicial en Granada. Según el último auto de la jueza, al que ha tenido acceso este periódico, se trata de una docena de delitos, "prevaricación administrativa, extorsión o coacciones y amenazas, revelación de secretos, abuso de información privilegiada, tráfico de influencias, falsedad documental, fraude en la contratación, cohecho, omisión del deber de perseguir delitos y pertenencia a grupo criminal".

Uno de los aspectos más destacados del último auto del 5 de noviembre es que la jueza acuerda pedir a la Policía Judicial (Policía Nacional) que cite en sus dependencias a los 43 investigados para tomarles una declaración que en todo caso tendrá que ser previa a la citación en sede judicial si se confirma su imputación más adelante. Este paso supone que no se acuerda la detención de los posibles implicados y solo su toma de declaración policial.

A lo largo de la causa se han recabado pruebas en la documentación intervenida y conversaciones grabadas a los intervinientes, donde también han resultado claves "la colaboración de uno de los investigados y las declaraciones efectuadas por un testigo protegido". "Todo ello ha permitido de forma preliminar concluir la existencia de un grupo organizado dedicado a facilitar las preguntas de los exámenes a las personas que resultaron beneficiadas. En su gran mayoría, los presuntos beneficiarios han sido hijos, familiares y allegados de mandos y miembros de la Policía Local investigados a su vez en la causa", explican desde el Alto Tribunal.

La investigación, resumen desde las mismas fuentes judiciales, se ha centrado en cuatro convocatorias de oposiciones, de las cuales dos son del Ayuntamiento de Granada y correspondientes a convocatorias de los años 2019 y 2022, años en los que se produjo la alternancia en la alcaldía entre Luis Salvador (Cs, con apoyo del PP), en el primero, y el gobierno del PSOE de Paco Cuenca en el segundo. En ambas convocatorias se ofertaban 40 y 32 plazas, respectivamente. Las otras dos son de los ayuntamientos de Algarinejo, en el Poniente, Albolote, en el Área Metropolitana.

Cúpula policial, opositores y funcionarios

De los 43 investigados, veinte son mandos de la Policía Local, en los que destaca el anterior jefe de la Policía Local, José Manuel JIménez Avilés, así como subinspectores de la Policía Local, presidentes y vocales de los tribunales, miembros de centrales sindicales del cuerpo, funcionarios del servicio de Contratación del Ayuntamiento de Granada y un psicólogo que intervino en la realización de las pruebas psicotécnicas de los dos procesos de Granada. Entre este grupo se encuentran el anterior superintendente jefe de la Policía Local de Granada y el exintendente jefe del mismo cuerpo. Los otros 23 investigados son los beneficiarios del presunto fraude, "muchos de los cuales ya están ejerciendo como agentes del orden", explican desde el TSJA.

Las oposiciones que están bajo el foco de la investigación hasta el momento (no se descarta su extensión) son las más recientes de Granada, Albolote y Algarinejo. La jueza habla en su auto de 40 plazas por un lado y 32 por otro, entre los últimos municipios. En todas ellas, según la investigación, se habrían producido conexiones cruzadas, de modo que policías de un municipio hacían funciones de tribunal en otro. El resultado es que de los opositores que se presentaban a los procesos, la mayoría de los seleccionados eran familiares o allegados directos de otros policías y mandos del cuerpo.

Llamamiento del juzgado

En la causa se están investigando los presuntos delitos de cohecho, pertenencias a grupo criminal, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, abuso de información privilegiada, revelación de secretos, fraude en la contratación, falsedad documental, extorsión, coacciones y amenazas y omisión del deber de perseguir delitos.

"Por ahora, en la causa sólo están personados la Fiscalía y el Ayuntamiento de Granada como acusación particular, además del Ayuntamiento de Albolote que lo hace en calidad de perjudicado. Sin embargo, no se descarta que se produzcan nuevas personaciones de grupos o partidos políticos", añaden desde fuentes judiciales. Por ello, el Juzgado ha hecho ofrecimiento de acciones a todos aquellos opositores que se consideran perjudicados por el presunto fraude, entre ellos a todos los que superaron el proceso pero no obtuvieron plaza.