La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, que trabaja codo con codo con el Grupo de Delincuencia Económica de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Granada en el caso Nazarí, solicitó antes del verano a la jueza la emisión de una serie de autos y mandamientos para analizar las cuentas de los investigados y de las empresas implicadas. Lo hizo el 20 de mayo, cinco semanas después de practicar las detenciones y la veintena de registros en los domicilios y empresas vinculadas a la supuesta trama urbanística corrupta.

Su petición, realizada a fin de llevar a cabo el informe patrimonial y financiero de los investigados, abarcaba un total de quince entidades financieras: Bankinter y Bankinter Seguros de Vida, BBVA y BBVA Asset Management S.A., Arquia, Banco Santander, ING Bank, Liberbank, Uno-e bank, Banco Mare Nostrum, Banco Mediolanum, Deutsche Bank, Popular Banca Privada, Banco Popular Español, Caja Rural de Granada, Bankia y Banco Sabadell.

En estas entidades, según detalla la solicitud, elexalcalde José Torres Hurtado figura como apoderado de dos cuentas préstamos (Bankinter) y como representante en una libreta de ahorro (BBVA). En BMN figura como autorizado de una cuenta de la que es titular la Comunidad de Bienes Torres Hurtado C.B., y es en Caja Rural donde más cuentas aparecen a su nombre (cuatro), si bien también figura como avalista de una póliza y de un préstamo.

Por su parte Isabel Nieto, la que fuera su concejala de Urbanismo, tendría, según reflejan los papeles de la Policía, una cuenta corriente y un fondo de pensiones en Bankinter, y es titular de una libreta de ahorro y de una cuenta en BBVA. En el Santander sería titular de cuatro fondos de inversión, dos cuentas y dos depósitos de valores, así como estaría autorizada en otras dos cuentas. En ING sería cotitular de una cuenta, mientras que en el Banco Popular aparecen tres cuentas a su nombre y estaría autorizada en otras dos.

En el BBVA, el que fuera director de obras, Manuel Lorente Sánchez-Palencia (considerado "el estrecho colaborador" de Torres Hurtado en la estructura de poder de la supuesta trama), contaría con nueve cuentas, aparte de varios depósitos de valores. También tendría una cuenta y fondos de inversión en ING Bank. EN BMN, tendría dos cuentas y un depósito de valores, mientras que en el Banco Popular, aparte de ser titular de dos cuentas y autorizado en una tercera, su nombre figura en otro depósito de valores y en 15 fondos de inversión.

La petición de la Policía para investigar todas estas cuentas y productos se produjo el día 20 de mayo y, desde entonces, la jueza María Ángeles Jiménez, que es titular del Juzgado de Instrucción 2 de la capital, ha ido emitiendo mandamientos para reclamar la información pertinente a las entidades bancarias sobre parte de los investigados.

En su escrito, la UDEF indicaba que había obtenido esos datos -también figuran los de las empresas que se hallan inmersas en el sumario- "a través de la información facilitada por las diferentes entidades bancarias" en respuesta al requerimiento realizado por el propio juzgado, agregando que "a través de sus Asociaciones de Banca" se había podido localizar una serie de productos financieros en los que aparecían sus nombres, bien como titulares bien como autorizados.

La Policía pidió obtener de este modo el listado de movimientos y fechas de las cuentas bancarias solicitadas, "con el máximo nivel de detalle, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2006 hasta la fecha de emisión del mandamiento", así como "facilitar información acerca del resto de productos financieros solicitados, tales como los titulares, autorizados y beneficiarios en los mismos.

Junto a ello, en fechas anteriores, los investigadores pidieron a la jueza un mandamiento para recabar datos a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, para que facilitase "la información fiscal que obrase en sus bases de datos, desde el año 2006 hasta la actualidad" de los investigados. Su petición fue acogida igualmente y autorizada.

Fue el pasado 14 de junio cuando la instructora acordó en un auto autorizar la investigación patrimonial con respecto a ocho de los investigados, tras un informe favorable de la fiscal sólo con respecto a parte de ellos. Entre ellos, están, aparte del exlacalde, Nieto y Lorente, los empresarios José Julián Romero y Roberto García Arrabal y otras tres personas. "La investigación patrimonial interesada por la UDEF viene amparada en la existencia, presunta, por parte de los investigados de una pluralidad de delitos directamente investigados relacionados con la corrupción", señaló la magistrada en aquella resolución.