El personal de las fundaciones de investigación que forman parte de la Junta de Andalucía han denunciado el bloqueo de la negociación del convenio colectivo en dos concentraciones que se han llevado a cabo a las puertas del Hospital Universitario Virgen de las Nieves y del Centro Genyo de Genómica e Investigación Oncológica, auspiciado por la farmacéutica Pfizer junto a la Universidad de Granada y la propia Junta.

La situación de bloque de este convenio colectivo, el primero para este grupo profesional, afecta en la provincia de Granada a 250 investigadores, además de a los trabajadores de otras cuatro fundaciones de la Junta de Andalucía dedicadas a la investigación biosanitaria como FISEVI (Sevilla), FIMABIS (Málaga), FIBAO (Almería, Granada y Jaén), y FPS.

Según los sindicatos convocantes, CCOO, UGT y CSIF, que todo este personal sufre altas tasas de precariedad (sobre al 90%). Estas cuatro fundaciones, dependientes de la Junta de Andalucía, llevan inmersas desde hace casi cinco años en la negociación de un convenio colectivo para regular sus condiciones laborales y unificar las enormes diferencias salariales existentes en cada categoría profesional entre las distintas fundaciones, e incluso dentro de una misma fundación.

Tras un largo y complejo periodo de diálogo, entre las direcciones de las fundaciones y los comités y delegados de empresa, se culminó con la negociación de un acuerdo de convenio que fue remitido a la Junta de Andalucía para su aprobación.

A partir de ese momento, indican los sindicatos, se inició un largo peregrinaje del documento consensuado en distintos órganos de la Administración autonómica. En primer término, las partes implicadas dieron una respuesta consensuada a más de 30 modificaciones y aclaraciones incluidas en un requerimiento de la Secretaría General de Regeneración, Racionalización y Transparencia, que fueron validadas. En último término, continuando con la compleja tramitación, fue remitido a la Dirección General de Presupuestos, cuyo órgano ha rechazado la autorización del Convenio Colectivo, alegando que "supone un incremento de masa salarial", concretamente un aumento de 237.587,99 euros, una cuantía necesaria para unificar y regularizar la situación de un total de más de 2.500 personas con situaciones contractuales precarias en muchos casos, explican.

Se da la circunstancia de que la cantidad referida no supondría ningún coste para las arcas de la Junta de Andalucía, puesto que se cubrirían con fondos propios de las respectivas fundaciones, lo cual se ha notificado de forma expresa por entenderse un aspecto crítico para conseguir la aprobación del necesario convenio colectivo.

En función de lo acontecido, se constata un desprecio de la Junta de Andalucía para solventar situaciones irregulares en el campo de la investigación biosanitaria, sector esencial en el actual contexto de crisis sanitaria. Y este hecho contrasta con las rimbombantes declaraciones oficiales que han sido emitidas por la Administración, como las conclusiones de la Comisión del Parlamento andaluz para la Reconstrucción Económica y Social de Andalucía, aprobadas por el Pleno del Parlamento de Andalucía el 24 de septiembre de 2020 que, entre otras cosas, disponen lo siguiente: "Aumentar la financiación de la investigación como piedra angular para adelantarnos a nuevas pandemias y como inversión en salud (…). Potenciar los profesionales sanitarios investigadores y definir la carrera de investigación dentro del sistema de salud. Promover un Pacto por la Ciencia y la Innovación para incrementar la inversión total en I+D+I hasta alcanzar la media de la Unión Europea en porcentaje del PIB (…). Aumento de las partidas destinadas a los contratos predoctorales y postdoctorales ofertados por el sistema público de ciencia e innovación, incrementado tanto su calidad en términos de estabilidad y remuneración como su cantidad. Aumento de las partidas destinadas a proyectos de investigación…".  Se trata de declaraciones que la dura realidad se encarga en desmentir: la Junta de Andalucía se niega a dar paso al Convenio Colectivo de esos investigadores y del personal de apoyo a la gestión de la investigación biomédica, que ni siquiera supone subidas salariales para la mayoría, sino simplemente unificar un caos retributivo, y que supondría un coste de 95 euros al año por profesional que, encima, no pagaría la propia Junta de Andalucía.

Por todo ello, los comités y delegados de empresa de las cuatro fundaciones solicitaron en junio de 2021 la intervención del presidente de la Junta de Andalucía para desbloquear esta situación, remitiéndole una carta informativa para que mediara en este proceso, que desafortunadamente no ha sido atendida.

Otras comunidades autónomas, en la misma situación, han solucionado este problema. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid, gobernada entonces por los mismos partidos que gobiernan la Junta de Andalucía, aprobó a comienzos de 2021 el convenio colectivo que regula las condiciones de trabajo en sus 13 fundaciones públicas de investigación, que tenían unas condiciones de desregulación y de disparidades salariales similares a las que se acontecen en las fundaciones públicas de Andalucía.

Con sus movilizaciones, el personal de estas fundaciones pone de manifiesto su hartazgo ante esta situación, y denuncia el contraste entre el enorme valor de la investigación biosanitaria, como demuestra su papel en la salida a la actual situación de pandemia, y el desprecio de los responsables de la Junta de Andalucía hacia ellas.