La Audiencia Provincial de Granada ya tiene en su mano adoptar decisiones que afecten al caso Nazarí. Aunque esta gran causa por presunta corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Granada sigue en fase de investigación llevada por el Juzgado de Instrucción 2 de la capital, los principales imputados han elevado o están en proceso de llevar al órgano judicial superior sus quejas, muy centradas en la actuación policial de la UDEF en este asunto, aunque también haya cuestiones relacionadas con la forma en que la jueza está llevando el caso.

Ya han llegado a la Sección Segunda de la Audiencia varios recursos de apelación de los investigados que las pesquisas sitúan en la "cúpula" de la supuesta organización criminal encaminada a favorecer a determinados empresarios de la construcción durante el mandato del exalcalde José Torres Hurtado. La defensa de este último ha remitido también a la jueza un recurso de reforma que en breve puede seguir los mismos pasos hacia la Sala. Aunque las quejas se centran en diferentes aspectos, como las detenciones, la forma de hacer los registros o el examen del material hallado, es coincidente la queja de todos respecto la trabajo desarrollado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal en este caso.

Piden que se anulen las detenciones del pasado 13 de abril, día de la Operación Nazarí

El más contundente al respecto es Torres Hurtado, quien ha llegado a pedir que haya una sustitución del equipo policial investigador. El propio investigado, tras su última declaración en sede judicial, lanzó duras críticas en público contra este cuerpo policial, de quienes puso en duda su competencia y trabajo.

La jueza de instrucción María Ángeles Jiménez ya ha rechazado esta petición del exalcalde mediante una providencia que también ha sido impugnada por esta defensa mediante un recurso de reforma, lo que puede ser un paso previo a su elevación a la Audiencia Provincial como apelación.

En ese recurso, Torres Hurtado no solo pone en duda la necesaria objetividad de la Policía a la hora de hacer sus informes para el Juzgado. También solicita a la jueza que investigue las posibles "filtraciones" a los medios de comunicación de los pasos que se siguen en esta investigación porque, a su juicio, se fomenta el "populismo mediático". La magistrada ya argumentó en su resolución inicial al respecto, que rechazaba la petición por "el derecho a la información que rige en el proceso penal".

La cuestión de mayor relevancia para la investigación que el recurso del exalcalde plantea es la petición de que sean anuladas las pesquisas relacionadas con la operación urbanística del Cerrillo de Maracena (también conocido como Palacio de Hielo) por la consideración de cosa juzgada. Esto es, que ya hubo una resolución de sobreseimiento libre de un juzgado de instrucción (equivalente a una sentencia absolutoria) en enero de 2014 por los hechos investigados relacionados con el convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Granada y algunos promotores para acordar el pago en especie de una deuda, días antes de las elecciones municipales de 2011.

Esta alegación coincide con la ya remitida al Juzgado del caso Nazarí por la defensa del promotor José Julián Romero, que al igual que Torres Hurtado fue investigado en aquel procedimiento. Su recurso ya fue rechazado por la jueza, que ante la petición coincidente del exalcalde se remite al mismo auto de marzo pasado. En esa resolución, la instructora explica a los imputados que los hechos que se están investigando en el caso Nazarí respecto al Cerrillo de Maracena no son coincidentes, pues las pesquisas se centran en los hechos ocurridos después de la firma de aquel convenio urbanístico que el juzgado consideró en 2014 ajustado a derecho.

Lo que se investiga, posterior a ese convenio, son unos cambios urbanísticos de esas parcelas (la recibida por el Ayuntamiento y las de los promotores) mediante un estudio de detalle que, según los investigadores y las partes acusadores, habrían dejado en la práctica sin efecto las garantías para los intereses municipales que aparecían en el convenio originalmente investigado. Por tanto, sería un cambio en beneficio de los propietarios privados, según recordó la acusación particular de Ramón Arenas en su escrito de rechazo al recurso de Torres Hurtado.

Pero la UDEF, en su informe sobre el material intervenido en el registro de las dependencias de la Secretaria General del Ayuntamiento, expone extensamente cuestiones relacionadas con la firma de aquel convenio que ya fue examinado en una investigación anterior, motivo por el que la defensa del exalcalde sostiene que ese documento de la instrucción no tendría validez.

No obstante, tanto la jueza (en su auto de marzo) como las acusaciones recuerdan que aquel proceso solo se siguió contra algunas de las personas que hoy están siendo investigadas en el caso Nazarí, pero no contra todas, de ahí que esos hechos pueden ser indagados por la posible aparición de hechos delictivos relacionados contra esas otras personas. Es más, el propio juez instructor que llevó aquellas diligencias de investigación se extrañaba en su auto de sobreseimiento que la querella no hubiera incluido a la secretaria general, pues es sobre todo en base a sus informes por lo que aquel juez decidió la absolución.

El recurso de reforma presentado por el abogado de Torres Hurtado, Pablo Luna, es posible que se convierta en breve en una apelación a la Audiencia, donde se sumará a otros recursos que acaban de llegar a este órgano, de la defensa de otros investigados principales, como la exconcejal Isabel Nieto, o el que fue gerente de Urbanismo, Manuel Lorente, así como otros funcionarios municipales.

Todos ellos, con una defensa común, han llevado a la Sala dos apelaciones en las que piden, de un lado, que se anulen las detenciones del pasado 13 de abril, y de otro, los registros y posterior apertura de los dispositivos electrónicos requisados. En el primer caso, los investigados se basan fundamentalmente en la ausencia de una orden judicial expresa que amparara esas detenciones policiales, pues la jueza solo autorizó los registros. No obstante, la magistrada ya ha rechazado en varias ocasiones esos recursos y ha considerado legales aquellas operaciones de detención. También la Fiscalía ha secundado esta postura al considerar que eran necesarias para garantizar el buen desarrollo de los registros el día de la Operación Nazarí.