La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial en calidad de investigados a dos individuos, una mujer de 56 años y un varón de 42 años de edad, como presuntos autores de un delito continuado de maltrato animal doméstico. En el caso de la mujer además como autora de un delito de intrusismo profesional.

La investigación comenzó el pasado mes de agosto, cuando el equipo del Seprona de la Guardia Civil de Granada, en calidad de Policía Judicial Medioambiental, tuvo conocimiento de que en una clínica veterinaria de la localidad de Peligros se estaba supuestamente maltratando a los animales domésticos que estaban ingresados.

La Guardia Civil puso en marcha la operación Claridad 21, con el fin de investigar los hechos y obtener las pruebas pertinentes para poder llevar ante la Autoridad Judicial a los autores.

Tras meses de investigación, los agentes del equipo del Seprona pudieron obtener pruebas de que, de manera continuada, entre otras cosas, los ahora investigados tenían a los animales domésticos que ingresaban en la clínica en condiciones higiénicas lamentables, el material utilizado en las intervenciones quirúrgicas estaba oxidado, no realizaban la desinfección necesaria de las jaulas, ataban a los animales con cuerdas, les arrancaban mechones de pelo para comprobar si tenían reflejos durante las intervenciones bajo anestesia, retrasaban los tratamientos o no se los proporcionaban para que tuviesen que permanecer más tiempo ingresados y otros muchos actos que provocaban un sufrimiento innecesario en estos animales.

La Guardia Civil finalmente procedió a investigar al veterinario que trabajaba en la clínica, así como a la dueña de la misma, a la que también se le ha investigado por intrusismo profesional, puesto que esta, sin estar colegiada como veterinaria y siendo éste un requisito indispensable para poder ejercer, realizaba exámenes clínicos de los animales, establecía diagnósticos y prescribía tratamientos farmacológicos.

Actualmente, la clínica veterinaria en la que se llevaban a cabo estos delitos, y que además solía atender numerosos casos de animales abandonados que pertenecían a distintas asociaciones que buscan la protección de estos animales, se encuentra cerrada por reformas.

Asimismo, para poder llevar a cabo la puesta a disposición judicial del veterinario, se solicitó la colaboración del equipo del Seprona de la Guardia Civil de Cádiz, que llevó a cabo la investigación del mismo, ya que en la actualidad reside en la citada provincia.

Durante la investigación, la Guardia Civil ha contado también con colaboración del Colegio Oficial de Veterinarios de Granada, que en todo momento se ha mostrado solícito y cuya participación ha sido fundamental para el éxito de la operación.