IU propondrá a la Diputación de Granada crear un plan provincial para las infraestructuras públicas situadas en áreas de riesgo hidrológico

Izquierda Unida ha anunciado que registrará una iniciativa en la Diputación de Granada para preguntar formalmente al equipo de Gobierno si existe actualmente un protocolo coordinado de actuación para las infraestructuras públicas situadas en áreas de riesgo hidrológico en la provincia, que a juicio de la formación, se encuentran en mal estado. Asimismo, la organización presentará una propuesta integral: la creación de un Plan Provincial de Ordenación de Riesgos (PPOR).

La formación alerta de que, según los datos cruzados del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) y la información urbanística vigente, existen decenas de edificios dotacionales —incluyendo 23 colegios y cinco residencias de mayores— construidos en zonas catalogadas con riesgo de inundación "Grave" o "Muy Grave".

Izquierda Unida señala que la situación actual es consecuencia de décadas de una planificación urbanística que, en muchos casos, ha ignorado la dinámica natural de los cauces fluviales. El análisis realizado por la formación detecta puntos críticos en municipios de toda la geografía granadina, desde la Vega y el Área Metropolitana (con residencias y depósitos de agua en riesgo en localidades como Albolote, Cúllar Vega o Fuente Vaqueros) hasta la Costa y el Poniente, donde destacan casos de centros educativos y sanitarios en Loja y Motril situados en perímetros de alerta.

"No buscamos señalar culpables a posteriori, sino solucionar una negligencia histórica. La seguridad de los usuarios de la sanidad y la educación pública, así como de nuestros mayores en residencias, no puede depender de la suerte ante un episodio de lluvias torrenciales", ha declarado la organización en una nota de prensa. IU advierte que la inacción, una vez conocidos los mapas de riesgo, es injustificable.

Para dar una respuesta estructural, Izquierda Unida propondrá a la Diputación que lidere la redacción e implementación de un PPOR, que se articularía en torno a tres ejes principales: la Auditoría y diagnóstico único, que consiste en la elaboración de un inventario provincial oficial y actualizado de todas las construcciones públicas situadas en áreas inundables, clasificándolas según su riesgo; la mitigación basada en la renaturalización, priorizando la ingeniería blanda, la recuperación de llanuras de inundación y las riberas frente a las soluciones de "cemento" y canalización agresiva, en sintonía con las directrices europeas y la ley LISTA; y finalmente la creación de un fondo de adaptación y reubicación, una línea de financiación específica para apoyar a los ayuntamientos pequeños a ejecutar obras de protección o, en casos de riesgo extremo, a planificar la reubicación ordenada de los servicios públicos esenciales.