Antonio Herrera supo en los meses previos a su fuga -septiembre de 2004- que su negocio de jamones en Trevélez le obligaría a desaparecer más pronto que tarde. Como ayer reconoció ante el juez de Instrucción 1 de Órgiva, para entonces no podía sentirse "orgulloso" de lo que estaba haciendo, como firmar a última hora pagarés a los inversores sabiendo que no podría abonarlos, pero tenía que "callar bocas", las mismas que ayer le llamaron estafador en las puertas del juzgado alpujarreño.

Algunas de aquellas bocas, según aseguró en las cuatro horas y media que duró su declaración de ayer, le dirigieron serias amenazas contra su integridad física. Por eso se fue entonces y por eso ayer admitió con matices, en una declaración atribulada y salpicada de contradicciones, los cinco delitos que se le imputan. Y se mostró de acuerdo con la decisión del juez -instada por la fiscalía, los acusadores particulares y él mismo- de mandarlo a prisión, incondicional, comunicada y sin fianza.

El 'jamonero de Trevélez', 50 años, casado y con dos hijos, declaró ayer que del arriesgado negocio que emprendió -compra, curado y venta de jamones con desembolso de intereses de hasta el 22 por ciento a los inversores que le entregaban dinero o jamones secos- él no se quedó con nada; no tiene cuentas abiertas, ni bienes a su nombre en España o en la República Dominicana.

Reconoció sin ambages que su negocio fue ruinoso y, además, mal gestionado. Vino a decir que no se puede tener una empresa financiada por terceros que, a su vez, obtienen una rentabilidad altísima, terceros a los que tenía que devolver el principal con un porcentaje de interés muy alto, entre el 15 y el 22 por ciento. Con eso, al principio, pudo funcionar pero luego ya no tenía "ni para callar bocas". "Si los acreedores han perdido, yo he perdido más, porque he perdido a mi familia y todo lo que tenía", apostilló.

El imputado explicó que tuvo que malvender sus bienes cuando el negocio se torció, pero necesitaba liquidez para seguir comprando jamones secos en un vano intento por reflotar la empresa. Aunque en los últimos días pudo adelantar dinero a algunos acreedores, cuando ya no tuvo nada más que vender se fue al Caribe, en media de las amenazas de los inversores que especulaban con la posibilidad de que los dejara en la estacada.

El juez de Instrucción 1 de Órgiva decidió plantear el interrogatorio delito por delito. Así, sobre la estafa, preguntado si había dado en maquila -sistema por el que los inversores depositaban jamones en sus secadores abonando el empresario una parte de la pieza- los mismos lotes a diversas personas y que después ese mismo número de lotes había sido pignorados (hipotecados como bienes muebles con la Caja Rural), Antonio Herrera respondió que sí.

Sobre la apropiación indebida, El jamonero de Trevélez reconoció que al final cogió dinero de inversores que sabía que no podría devolver. De hecho, suscribió contratos de préstamos y de maquila unos meses antes de irse y emitió pagarés para el febrero de 2005 (se fugó el otoño anterior), dando por sentado que no podría atender los pagos; "era una forma de salir del paso, una huida hacia adelante".

Admitió también que la contabilidad del negocio no era precisamente ejemplar, y de ahí se deriva el delito contra la hacienda pública. Aunque llevaba libros con las cuentas, nunca presentó los libros anuales de contabilidad, aunque declaraba un 20-30 por ciento de la facturación total.

Herrera relató que, cuando huyó de Granada ya estaba prácticamente arruinado, que tuvo que pagarse el viaje con una tarjeta de crédito de El Corte Inglés que todavía no había sido anulada. Se llevó en efectivo entre 7.000 y 8.000 euros y que en la República Dominicana se dedicó a intermediar en la venta de pisos y apartamentos hasta que el miércoles agentes locales de Interpol pusieron fin a su retiro caribeño.