Un jardín en el sótano Cannabis

Geranios, ficus, margaritas, quizá una plantita de aloe vera.... y un par de macetones de cannabis. Este es el panorama con el que, cada vez más, se encuentran las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Tanto en las zonas rurales -competencia de la Guardia Civil- como en los municipios más grandes -como la capital, en los que actúa la Policía Nacional- se ha detectado un incremento en este tipo de cultivos ilegales, situación que, según las propias fuentes policiales, podría deberse a la actual crisis económica y a la elevada tasa de desempleo de la provincia. Serían las apreturas económicas las que están propiciando que más de uno haya decidido pasear por el filo de la navaja e instalar un pequeño invernadero en el que hacer crecer plantas de cannabis.

En lo que va de año, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado han detenido por este motivo -cultivar cannabis, principalmente de la variedad sativa- a unas 120 personas, y las distintas operaciones desarrolladas en estos meses han permitido que la Policía Nacional se incaute de 18.000 kilos de esta planta. Las operaciones se han intensificado en las últimas semanas, sobre todo en el caso de la Guardia Civil, ya que en los meses de septiembre y octubre la planta florece y supera los dos metros de altura, lo que hace más fácil detectarlas.

Esos datos -con unas 120 detenciones en poco menos de diez meses- desvelan que este tipo de cultivo está ganando terreno. "Antes había menos, y sí se encontraba más hachís y cocaína", explica el inspector del Grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional en Granada C.M.R., que reseña que el principal motivo que lleva a este tipo de cultivo es que "es barato" y se pueden conseguir importantes rendimientos económicos. Un gramo de maría -cannabis ya preparado- tiene un coste de 4,36 euros, según los datos que manejan los agentes, lo que permite calcular ganancias de unos 500 o incluso 800 euros por planta, dependiendo del tamaño y de la calidad de la droga.

Se trata, además, de un delito que "está mejor visto" que otras prácticas ilícitas, explican fuentes policiales. En la base de esa permisividad está el argumento de que "se trata de algo natural, y parece que es menos dañino", algo que, según el responsable del Grupo de Estupefacientes, es falso. "Recientemente se ha demostrado que el 50% de los consumidores de marihuana tienen problemas de fertilidad", asevera.

Puede que estos problemas de salud no sean lo suficientemente disuasorios para algunos, pero también existe una legislación que pena el cultivo y la venta de los derivados de esta planta. Según el artículo 368 del Código Penal, el cultivo ordenado a un tráfico posterior está condenado con de uno a tres años de prisión. Para determinar si esa marihuana va a ser destinada a su comercialización entra en juego el número de plantas pero también la presencia de herramientas necesarias para su venta, como pueden ser una báscula o bolsitas para su envasado. Aquí el papel de la Policía Científica puede ser clave para determinar si un cultivo es para consumo propio o si está destinado a terceros.

Según fuentes de la Guardia Civil, no todos los casos terminan con una acusación de la Fiscalía, pero, aunque no acabe en juicio, la plantación sí conlleva una sanción administrativa por haberse cometido una infracción.

Puede variar la sanción, pero lo que sí es común a prácticamente todos los detenidos es la excusa que dan, el paro, aunque alguno se ha descolgado afirmando que desconocía las consecuencias. Alegan que están en desempleo y que el único camino para salir adelante es plantar cannabis. En una intervención policial fue detenida una pareja que, junto al dormitorio de sus hijas de corta edad tenía una habitación destinada al cultivo. Es uno de los perfiles con el que se han encontrado los agentes, pero no el único. A estas particulares tareas de jardinería se dedican desde estudiantes en pisos de alquiler a parejas jóvenes y, por supuesto, delincuentes que también trafican con otras sustancias y que, de este modo, diversifican su actividad. Varía también el número de plantas.

En las intervenciones que tienen como escenario la ciudad es habitual que las plantas se siembren en habitaciones, sótanos o terrazas, convenientemente habilitadas para disimular qué se ha sembrado y favorecer el crecimiento de la planta con el objetivo de obtener hasta cuatro cosechas anuales, en lugar de una.

En las zonas rurales de la provincia, según Guardia Civil, se ocultan en "el huerto de la casa" o en zonas recónditas, entre otros cultivos, como puede ocurrir en la Alpujarra "lugar donde históricamente se cultiva".

La inversión para sacar adelante el sembrado varía sustancialmente dependiendo del lugar donde se instale la plantación, ya que habilitar un sótano implica la compra de lámparas de sodio (que pueden tener un coste de unos 600 euros), ventiladores, respiraderos, turba para cultivos sin suelo, control de la humedad y temperatura... y, por supuesto, un sistema de distribución. Según la Policía, todo lo que se cultiva por este sistema se dedica a su posterior venta.