Una joven, ante el juez por ocupar un piso vacío de la Junta en Almanjáyar

Ante la falta de recursos, Ester Sánchez, una joven de 21 años que tiene una hija de cuatro, decidió ocupar una vivienda en un edificio situado en el barrio de Almanjáyar. Lo hizo junto con otras seis familias que, ante una situación de desesperación y sin tener a dónde ir, decidieron acogerse al derecho que garantiza la vivienda pero saltándose la legalidad. Desde el principio, y a pesar que no cuentan con ningún ingreso, han sido "acosadas" para que abandonen el edificio por la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA), propietaria del edificio y dependiente de la Junta. La presión ha sido tal que hoy, y tras diversos intentos de negociación entre la empresa y las familias, Ester tiene que ir a declarar ante el juez tras ser denunciada por ocupar esta vivienda. Y Stop-Desahucios ayer mismo convocó una concentración para hoy a las 9:30 en los Juzgados de la Caleta en señal de apoyo.

Según explica de Antonio Redondo, miembro de este colectivo, en un primer momento la Junta de Andalucía entró en fase de negociación con los inquilinos a través de EPSA y siempre a cambio de que devolvieran las llaves de las viviendas ocupadas. Sin embargo, en pleno proceso de diálogo y después de que cuatro de las familias decidieran abandonar el edificio, Ester -que decidió quedarse "porque no tenía dónde ir"- fue denunciada. Según Redondo, en el edificio quedan otras dos familias más: "Un matrimonio con dos hijos y otra pareja joven que espera un bebé en un mes".

Los que finalmente decidieron marcharse -denuncia Stop-Desahucios- lo hicieron como consecuencia de "constantes presiones", pues llegaron a insinuarles que con antecedentes penales (si se llegaba a tramitar una denuncia) perderían el derecho a las prestaciones.

Redondo también criticó que durante todo el proceso el colectivo no ha conseguido hablar con el delegado de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Manuel Morales, a pesar de que lo consideraban "prioritario". Sí que tuvieron varios encuentros con el gerente de EPSA, pero que resultaron infructuosos.

Subrayando la gravedad de este caso, el integrante de Stop Desahucios criticó las políticas de vivienda de la Junta, "que ha decidido expropiar a los bancos y no a EPSA", empresa que podría tener "multitud de viviendas vacías en el barrio de Almanjáyar". Por ello, Redondo afirmó que el reciente decreto sobre la vivienda elaborado por la institución autónoma "no da soluciones inmediatas ni reales a las familias que se quedan en la calle".

Por su parte, el delegado de Fomento, Manuel Morales, explicó horas después a este periódico que "no se puede permitir que las familias ocupen viviendas sin ningún tipo de documento que las autorice para ello". Y, aunque la Junta de Andalucía busca acabar con las "casas sin gente y la gente sin casas", habrá que esperar a que se establezcan los mecanismos correctos para determinar qué familias se instalan en las viviendas: "No se pueden ocupar viviendas porque sí". Asimismo, indicó que a estas familias se les ofreció incorporarse a una bolsa de adjudicación a cambio de abandonar los pisos ocupados "y sólo cinco aceptaron la propuesta". Por este motivo el delegado defendió que la Consejería actúe judicialmente contra estas conductas de ocupación aunque también manifestó su "absoluta voluntad de que estos casos se resuelvan mediante la mediación y el diálogo".

En el mismo día, y a través de una nota de prensa, Morales informó de que las viviendas situadas en el barrio de Almanjáyar que tengan problemas de adjudicación para su venta "por las dificultades económicas de los vecinos" van a pasar a régimen de alquiler. Una medida que pretende adecuar a la realidad económica y social de los demandantes el precio de aquellas que ya están en alquiler y no encuentran adjudicatario.

Asimismo, el plan de acción de la Junta para Almanjáyar incluye la activación de la Mesa de la Vivienda de la Zona Norte de Granada como mecanismo para acelerar la asignación de las viviendas en proceso de adjudicación. En este sentido, explicó que la Consejería cuenta ya con un listado de 35 personas en riesgo de exclusión social que quieren optar a una de estas viviendas. La Consejería prevé efectuar la adjudicación "de forma ágil y según criterios objetivos, en coordinación con los servicios sociales municipales", señaló Morales.

"Nuestros planteamientos han encontrado una acogida razonablemente buena", agregó Morales, quien afirmó que "los vecinos también insisten en que debemos ser firmes tanto en la defensa de la función social de las viviendas como en combatir los usos antisociales de las mismas".

Por último, Morales recordó que el pasado lunes 8 de mayo la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, solicitó una comparecencia en el Parlamento, que tendrá lugar este jueves, para explicar las medidas de su departamento que garantizan la función social de la vivienda protegida, entre ellas las adoptadas para Almanjáyar. "Los problemas de este barrio no se circunscriben únicamente a la vivienda", señaló Morales, "pero desde una política de vivienda participativa y social se puede incidir favorablemente en un barrio que continúa necesitando de mucho apoyo y compromiso de todas las administraciones".

Por último, el delegado subrayó la necesidad de un "plan de intervención integral que transforme el barrio en sus aspectos social, de empleo, educativo y de vivienda, partiendo de la participación y el liderazgo vecinal".