Juegan a desafiar la ley y a esquivar a las patrullas de Policía Local, pero los riesgos tienen su precio y más de 330 jóvenes granadinos tendrán que pagar multas de hasta 300 euros por beber fuera del recinto habilitado para ellos, es decir, por beber fuera del botellódromo.

El trabajo de los agentes de la Policía Local se complica cada fin de semana porque el ámbito de actuación para controlar los botellones disuasorios es cada vez mayor. Plazas aisladas, parkings y portales siguen acogiendo pequeñas concentraciones de jóvenes que se saltan la normativa a 'la torera' y que tienen que sancionar si no obedecen de inmediato y se marchan a los espacios permitidos.

A pesar de que la cifra de 333 sanciones en lo que va de año supone un descenso con respecto al año anterior, que se cerró con cerca de setecientas multas, el Ayuntamiento, apoyado por los vecinos, mantiene 'tolerancia cero' con los jóvenes que beben en cualquier sitio. Fuentes policiales afirman que la normativa está para cumplirla y, apuntan, que en este caso la ordenanza concilia el deseo de los jóvenes de beber al aire libre y a los vecinos a descansar, por lo que no hay consideraciones cuando los jóvenes infringen de manera reiterada la norma.

El problema es que no sólo son los jóvenes los que infringen la ley, bares y pub también lo hacen. En lo que va de año, la Policía Local ha interpuesto medio centenar de denuncias establecimientos por vender o suministrar alcohol fuera del horario permitido. A su vez, la Unidad de Medio Ambiente del Ayuntamiento ha interpuesto veintidós sanciones a los locales que venden bebidas alcohólicas para su consumo en la vía pública (los conocidos como Chinos), siete denuncias más a tiendas que, a pesar de tener autorización han vendido botellas fuera del horario permitido y, por último, tres denuncias más por pillar a los vendedores in fraganti dispensando bebidas alcohólicas a menores. En los casos que las denuncias afecten a establecimientos comerciales o bares la cuantía económica a pagar puede llegar a los 3.000 euros.

La realidad es que desde que en noviembre de 2006 el pleno del Parlamento andaluz aprobara la Ley reguladora de las actividades de ocio, el papel policial se ha intensificado en Granada, una ciudad conocida por estrecha relación con el botellón. La apertura cada año del curso universitario implica que desde el jueves por la noche el dispositivo policial se duplique y casi 40 agentes se dediquen exclusivamente a velar para que la calma reine en las calles y plazas.

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