El juez que instruye el caso TG7, relacionado con los gastos extra pagados por el Ayuntamiento de Granada a una productora privada, ha dictado auto de apertura de juicio oral contra el antiguo concejal del PP Juan Antonio Fuentes, por un presunto delito continuado de prevaricación. 

Fuentes, que fue concejal en la etapa de gobierno del exalcalde José Torres Hurtado, se enfrentará en este juicio a peticiones de inhabilitación especial de hasta 15 años, como reclama la Fiscalía y la acusación particular de Podemos-Izquierda Unida-Adelante. En este caso hay más partes acusadoras, como el propio Ayuntamiento de la ciudad, que rebaja esa pena a 10 años de inhabilitación por el mismo delito, cuya pena prevista en la ley no incluye prisión. 

El caso sería enjuiciado por la Audiencia Provincial, que es el órgano competente, según aparece especificado en el auto del 15 de febrero al que ha tenido acceso este periódico. 

Algunas de las partes también han reclamado que se anulen las facturas firmadas por el exconcejal para autorizar una gran cantidad de gastos que no estaban incluidos en el contrato formal firmado entre el Ayuntamiento y la concesionaria de la televisión, dado que esos importes sobrepasaban las cantidades que salieron a concurso. La Fiscalía cifra en 864.121 euros el supuesto perjuicio para la ciudad. 

Según el relato fiscal, el 22 de noviembre de 2011 la entonces empresa municipal de comunicación audiovisual (Emcasa S.A.) y la mercantil CBM suscribieron un contrato de servicio de grabación de todos los eventos informativos, programas o especiales designados por TG7. Tras una serie de modificaciones en el contrato acordadas por la Junta de Gobierno Local y con efectos desde el 1 de enero de 2013, el entonces concejal Juan Antonio Fuentes, del que dependía el servicio de radio-televisión, suscribió dos años después -el 1 de julio de 2015- un convenio de servicios complementarios al contrato inicial.

A juicio de la Fiscalía, lo hizo pese a no tener competencias para ello y con la supuesta "finalidad de eludir el control de la Intervención Municipal y proporcionar un beneficio a la empresa", teniendo "pleno conocimiento" de que estaba prescindiendo "total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido" al carecer de competencia para contraer esta clase de obligaciones en nombre del Ayuntamiento de Granada y "ocasionando con ello un serio perjuicio a las arcas municipales".

En la misma línea, para el grupo municipal de Podemos-IU, Fuentes Gálvez era en la fecha en que seprodujeron los hechos concejal de Personal, Servicios Generales y Organización del Ayuntamiento de Granada, por lo que, a su juicio, "era conocedor de las limitaciones, requisitos y controles de la normativa municipal en la contratación pública. Pero aun así y a sabiendas de la ilegalidad que cometía, contrató el servicio con la citada mercantil prescindiendo absolutamente del procedimiento administrativo legalmente establecido y además, lo hizo, sin tener competencia alguna, obligando así, al Ayuntamiento de Granada a una transacción mercantil manifiestamente ilegal, endosando a la Institución Pública Municipal una deuda hasta la fecha del contrato (1/7/2015), cuando esa obligación databa de 1 de enero de 2013, todo conelusión del control de la Intervención Municipal, ocasionando así un grave e irreparable perjuicio a las cuentas públicas municipales".

La fiscal agrega que, bajo la apariencia de lo que denominó "pago de servicios por un sistema de esponsorización" el exconcejal supuestamente dio cobertura a la salida de "importantes cantidades de dinero que venían siendo abonadas a cargo de determinadas empresas públicas (Emasagra, Inagra o Fundación Granada Educa) con su autorización desde 2013 (...) sin que existiera contrato o convenio alguno que reflejara esta salida de fondos y sin que quedara constancia en el presupuesto ni en la intervención municipal de este acuerdo entre un concejal del Ayuntamiento y una empresa contratista de un servicio de televisión para abonar unas cantidades a cargo de una empresa ajena que ascienden a 315.345 euros".

Por otro lado, mediante el reconocimiento de una deuda pendiente, "con el informe favorable de la coordinadora de TG7, se consigue que un Juzgado de lo Contencioso dicte una sentencia que admita la reclamación" efectuada por la productora que prestó los servicios extraordinarios.

El Juzgado de Instrucción decidió procesar únicamente a Juan Antonio Fuentes por este asunto, dejando fuera del proceso a la coordinadora de TG7 en el momento de los hechos y al que fuera responsable de la productora con la que se contrataron los servicios, aunque la Fiscalía lo tiene recurrido y está pendiente la resolución de la Audiencia Provincial.