"Volvamos con justicia climática. Nuestro futuro no está en venta". Estas dos frases, acompañadas de una vola del mundo, fueron pintadas con tiza en mayo de 2020, al término del confinamiento por el coronavirus, por tres jóvenes en el suelo de una calle de Granada capital. Sin embargo, la pintada reivindicativa acabó tornándose en un acto vandálico cuando la Policía Local multó a los tres implicados con un sanción de 750 euros. Ante ello, las organizaciones Fridays For Future – Juventud por el Clima, Extinction Rebellion, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y Stop Represión demandaron al Consistorio por considerar desproporcionada la actuación y ahora, dos años después, arrancan los juicios por este hecho.

Tal y como han informado los colectivos demandantes, este miércoles 11 de mayo, a las 10:00 horas, se celebrará el primero de los tres juicios contra el Ayuntamiento de Granada "contra las sanciones que los agentes de la Policía Local interpusieron a tres jóvenes por, supuestamente, pintar con tiza en el suelo consignas reclamando justicia climática".

Tal y como recuerdan en su comunicado, las sanciones se produjeron en el contexto de una movilización estatal convocada el 21 de mayo de 2020 por múltiples asociaciones ecologistas en la que "se pedía justicia climática y social para poder salir de la crisis a la que nos enfrentamos". Ese día tres jóvenes fueron identificadas y sancionadas aquel día acusadas de haber realizado tales pintadas con tiza, a pesar de que ningún agente documentó que fueran las autoras o emitieron un apercibimiento, tal y como la propia ordenanza por las que fueron sancionadas indica.

Las organizaciones indican que en vía administrativa "el propio Ayuntamiento reconoció la desproporcionalidad de su respuesta al rebajar la cuantía total de las sanciones de casi 3.000 euros a 750 euros". Sin embargo, a juicio de las organizaciones "la sanción es en sí misma desproporcionada ya que la tiza es efímera, no causa deslucimiento alguno y, en el fondo, lo que se sanciona es la libertad de expresión". Estos casos no son nuevos en nuestra ciudad ya que, durante el 15M granadino, las sanciones a activistas subieron hasta los 52.000 euros, el 82% de aquellos casos se ganaron en juicios administrativos como los que las tres sancionadas enfrentan.

Los colectivos sociales consideran que, al emplear una ordenanza medioambiental para sancionar a quienes reclamaron justicia climática pintando con tizas, "los agentes hicieron un uso retorcido de la normativa para desalentar el activismo joven". Por ello hace unos meses solicitaron al Ayuntamiento que se modificara el articulado de la ordenanza, de modo que pintar el suelo con tiza no sea un infracción, al mismo tiempo que instaron a la Junta de Gobierno Local que "dejara sin efecto la sanción". Sin embargo, la entidad local aún no ha respondido a dicha petición.

Las organizaciones concluyen que "es extremadamente grave que se sancione con multas tan desproporcionadas una acción pacífica dirigida a concienciar a la ciudadanía sobre los efectos que ya está teniendo la crisis climática".