La Fiscalía ha solicitado una pena de tres años de prisión para un empresario de invernaderos en Albuñol acusado de aprovecharse de la precaria situación de sus empleados, buena parte de ellos de nacionalidad marroquí y en situación irregular en el país, para imponerles condiciones ilegales de trabajo por las que ni siquiera cobraban todos los meses.

La situación trascendió en enero de 2022, cuando el acusado era propietario de una empresa que explotaba dos invernaderos destinados al cultivo de tomate cherry en Albuñol con cinco trabajadores cada uno, según consta en el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press.

Los trabajadores desempeñaban su labor en jornadas de unas seis horas cada día, y sin embargo cobraban tan solo unos 200 o 300 euros "de forma arbitraria" cada dos o tres meses.

La mayor parte de los trabajadores se encontraban en situación irregular en España, otros llevaban trabajando una escasa semana en este lugar, mientras que otro empleado llegó a estar 17 años soportando estas precarias condiciones laborales al necesitar el dinero y temer no encontrar otro trabajo por su avanzada edad.

La Fiscalía considera que estos hechos son constitutivos de un delito contra los derechos de los trabajadores del que el acusado será juzgado el 22 de febrero en la Audiencia Provincial de Granada. Además de la pena de prisión, el Ministerio Fiscal solicita que el empresario indemnice a los trabajadores en distintas cantidades que suman unos 60.000 euros.