María -nombre ficticio como los que se usarán a continuación- es una joven sudamericana con dos hijos pequeños. Sin recursos y presa de la necesidad, comenzó a buscar trabajo fuera de su país. A principios de este año, un compatriota le recomendó una oferta de empleo en Granada. Trabajaría como camarera en un restaurante y, para ello, sus jefes le proporcionarían todas las facilidades para trasladarse a España. Aceptó. Por correo recibió un billete con el que se trasladó hasta Bogotá (Colombia), para coger un vuelo hasta Madrid. Allí la esperaban Daniela y Carlos, quienes supuestamente regentaba el negocio en el que trabajaría, y con ellos llegó en coche a Granada.

La llevaron a un piso en Armilla y allí conoció la verdad. Ni había restaurante, ni trabajaría como camarera, venía para ser prostituta. María era otra víctima de la trata y de la nueva modalidad de prostitución que cada vez va a más: los pisos habilitados como casas de citas.

La Fiscalía pide para los dos acusados penas de 16 años de prisión por estos hechos

Lo que en realidad regentaban Daniela y Carlos -están acusados de delitos como trata de seres humanos con fines de explotación sexual; prostitución coactiva; inmigración ilegal; y contra la salud pública- era un burdel instalado en un piso que tenían alquilado en Armilla desde hacía dos años.

Servicio 24 horas, con precios que oscilaban entre los 40 euros por 20 minutos, los 100 euros por hora o los 120 euros por las salidas al exterior. Esta era la oferta diaria que tenían en su negocio, en el cual Daniela se encargaba de la recepción de los clientes, los cobros, manejar los ingresos y vigilar que las prostitutas cumplían con el trabajo; mientras que Carlos era quien las llevaba en coche cuando tenían que hacer un servicio exterior, las vigilaba, mantenía el orden en la casa, se ocupaba de los suministros y trasladaba el dinero a otro lugar.

María no tuvo más remedio que aceptar: había contraído una deuda por el viaje que subió de 720 euros a 3.700, y que unos días después volvió a incrementarse hasta alcanzar los 4.700. Pero no solo eso, ella estaba en situación irregular porque había viajado a España como turista, no conocía el país y Daniela, que además le quitó su pasaporte, la amenazaba con "amigos influyentes" a los que recurriría si no la obedecía.

Su situación era de semiesclavitud: estaba obligada a dormir en la casa -de lo que debía abonar gastos de comida y habitación que aumentaban su deuda-, a estar disponible 24 horas al día, los siete días de la semana y tenía prohibido salir a la calle salvo para realizar servicios. Además, estuvo obligada a echarse fotos en ropa interior y con actitud provocativa para colgarlas en anuncios a través de internet.

Durante un mes, tuvo que ejercer la prostitución, llegando a realizar un total de 28 servicios, de los que solo obtuvo 55 euros, y en todos ellos tenía la obligación además de ofrecer droga -concretamente cocaína- a sus clientes. Era otro de los 'servicios' que ofertaba esta casa de citas, que se postula como un claro ejemplo del binomio entre la prostitución y las drogas.

Para el suministro, Daniela contactaba con su 'camello' habitual -también acusado en esta causa-, adquiría los estupefacientes, que luego custodiaba en su dormitorio y, cuando los clientes los solicitaban, los vendía a 60 euros el gramo. Del mismo modo que María, se encontraba Alba, otra prostituta que, pese a contar con algo más de 'libertad' también estaba amenazada por Daniela incluso con "matarla".

Todo ello se recoge en el escrito de acusación de la Fiscalía, que pide para cada uno de los proxenetas penas de 16 años de prisión, y una sanción económica que supera los 5.800 euros. Para el acusado del suministro de drogas solicita más de cuatro años y medio de cárcel y una multa de 3.500 euros. El juicio por estos hechos se celebrará los próximos 19 y 20 de noviembre.