La Junta destina más de 28 millones para la gestión del centro de internamientos de menores infractores en Granada

El CIMI tendrá una capacidad de 46 plazas por un periodo de cuatro años, aunque prorrogables por un quinto

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Granada abre el centro de internamiento que acogerá a menores infractores de toda Andalucía
Granada abre el centro de internamiento que acogerá a menores infractores de toda Andalucía / Jesús Jiménez / Photographerssports

El Consejo de Gobierno andaluz ha autorizado en su reunión de este martes a la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública un expediente para la inversión de algo más de 28 millones de euros para la gestión del Centro de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) de Genil, en Granada, que tendrá una capacidad de 46 plazas durante cuatro años (del 1 de marzo de 2026 al 28 febrero de 2030), con posibilidad de prórroga de doce meses. Este centro se suma a los dos expedientes para Almería y Cádiz que sumarían un total de 46 millones, según ha detallado la Junta de Andalucía en una nota.

Con estas autorizaciones se podrá sacar a concurso el centro granadino y prorrogar los contratos de los otros dos recursos, "garantizando la ejecución de las medidas privativas de libertad que imponen los jueces de Menores y la labor de reeducación de estos jóvenes, objetivo principal de la Ley de Responsabilidad del Menor, que en 2025 cumple 25 años", según se destaca en la referencia del Consejo de Gobierno.

De las 46 plazas que debe tener el centro granadino, 34 se destinarán a cumplir medidas de internamiento en régimen abierto, semiabierto, cerrado o de fin de semana y doce para internamiento terapéutico de menores con problemas de adicciones o salud mental.

Actualmente, la Fundación Diagrama dirige el centro, donde los menores infractores de Granada ejecutan las medidas privativas de libertad impuestas por los jueces, según explican desde la Junta de Andalucía, que incorporó la pasada legislatura este CIMI en Granada a la red de centros y servicios del sistema de Justicia de Andalucía, que se ha completado en 2025 con la apertura de un CIMI en Málaga, la única provincia que carecía de este tipo de centros.

El contrato actual expira en abril de 2026 sin posibilidad de prórroga, ya que el periodo inicial ya fue ampliado doce meses más. Por ello, según han explicado desde el Gobierno andaluz, es necesario convocar un nuevo concurso por un valor inicial de 28.413.100,74 euros repartidos presupuestariamente en las distintas anualidades de vigencia del contrato; en concreto, 5.348.119,58 euros de abril a diciembre de 2026; 7.098.413,26 euros en 2027; 7.117.860,97 euros en 2028; 7.098.413,26 en 2029 y 1.750.293,67 euros hasta febrero de 2030.

Prórroga de otros centros

Por otro lado, el Consejo de Gobierno también ha autorizado la prórroga de los contratos de los CIMI Tierras de Oria y La Marchenilla, en Almería y Cádiz respectivamente, que expiran el 31 de diciembre de 2025, pero con la posibilidad de prorrogarlos un año más.

Ambos centros están dirigidos por la Asociación para la Gestión de la Integración Social (Ginso). Así, se ha autorizado a la Consejería de Justicia los expedientes de gasto para ejecutar dichas prórrogas por un importe de 9.041.181,85 euros en el caso del centro almeriense, y de 8.532.640,69 euros en el del CIMI de Algeciras (IVA excluido en ambos casos).

El CIMI Tierras de Oria cuenta con 116 plazas masculinas --38 de ellas para internamiento terapéutico-- y dispone de un programa de formación e inserción laboral, en colaboración con la entidad Inserta, además de talleres propios de mecánica, dibujo, cerámica, encuadernación, jardinería, mantenimiento o pintura de edificios.

Por su parte, La Marchenilla de Algeciras dispone de 104 plazas masculinas --38 de internamiento terapéutico-- e igualmente cuenta con talleres y cursos de cualificación laboral, así como un programa de Intervención Psicosocial que incluye la prevención de la reincidencia, el abordaje de la salud mental y módulos educativos de convivencia responsable, así como uno específico para los menores que cumplen internamiento terapéutico.

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