El juzgado envía a Sevilla la denuncia de Candel contra la cúpula de Salud

El juzgado granadino en el que recayó la denuncia del médico Jesús Candel contra toda la cúpula de Salud y del SAS, por presunta prevaricación durante los últimos diez años de gestión, acaba de remitir este asunto a Sevilla, para que se haga cargo del asunto un órgano de esta capital, que es sede de la Consejería aludida en la demanda.

Según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la denuncia de la Asociación Justicia por la Sanidad (presidida por Candel) presentada el pasado 10 de octubre, recaló inicialmente en el Juzgado de Instrucción 6 de la capital. Pero el titular de este órgano ha entendido que los hechos a investigar y las personas contra las que se dirigen las acusaciones de prevaricación tienen su ámbito de acción en Sevilla, motivo por el cual ha ordenado remitir el asunto a la capital andaluza.

Es de prever que sea el Decanato de jueces de esta ciudad el que asigne por reparto el asunto a uno de sus juzgados de instrucción. El principal hecho denunciado por el médico granadino es un decreto de 2007 que habría permitido "manejar caprichosamente el sistema de nombramientos de directivos y cargos intermedios del Sistema de Salud Público de Andalucía". Dado que estas cuestiones tienen ámbito regional y los representantes de la Junta denunciados trabajan y actúan en Sevilla, el juzgado granadino ha decidido trasladar el asunto a los juzgados de allí.

Está por ver si el órgano judicial que al final recepcione la denuncia la admite, la archiva o, incluso, si la devuelve otra vez a Granada, en caso de no estar de acuerdo con el criterio del juez de Granada que ha mandado la denuncia para allá.

En el escrito de demanda presentado por la asociación que preside Candel señalan como responsables de dichos actos a los consejeros María Jesús Montero (dirigió Salud de 2004 a 2013), María José Sánchez (2013-2015), Aquilino Alonso (2015-2017) y Marina Álvarez (2017 hasta la actualidad), así como a los antiguos directores gerentes del SAS Juan Carlos Castro, José Luis Gutiérrez y José Manuel Aranda; a Rafael Burgos, antiguo director general de Personal y Desarrollo Profesional del SAS y a Celia Gómez, actual directora general de Profesionales del SAS.

El primero de los delitos denunciados es el de prevaricación administrativa por cinco actuaciones: la selección y el nombramiento del personal directivo de las instituciones sanitarias públicas de Andalucía; la creación de facto y el mantenimiento al margen de la legalidad de las Unidades de Gestión Clínica en Atención Especializada; las convocatorias de puestos de dirección de las Unidades de Gestión Clínica de Atención Especializada; las convocatorias de puestos de mandos intermedios de todo tipo por incluir en las bases de la convocatoria la posibilidad de que puedan optar a dichos puestos el personal que no es estatutario, funcionario ni laboral fijo del Servicio Nacional de Salud, y las convocatorias de puestos de dirección de las unidades de gestión clínica de Atención Primaria y Salud Mental.