El juzgado número 1 de lo Contencioso Administrativo de Sevilla ha anulado el Pacto de Estabilización acordado en 2017 por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y los sindicatos CCOO, UGT y Sindicato Médico por el que 1.520 profesionales sanitarios de todas las categorías de Granada y un total de 37.000 en Andalucía, pasaron de tener un contrato eventual a uno de interinidad.

Este dato ha sido aportado por Salud a Granada Hoy, que además ha confirmado que la Consejería de Salud de Jesús Aguirre recurrirá la sentencia, lo que llevará el caso hasta el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). El juzgado sevillano considera según la resolución que dicho pacto es “discriminatorio”ya que vulnera los “principios de igualdad, mérito y capacidad” al ‘saltarse’ a la hora otorgar la interinidad a los trabajadores con mayor puntuación o antigüedad en la bolsa de trabajo.

Desde el Sindicato Médico de Granada, su presidente Francisco Cantalejo confía en que esta sentencia se resuelva favorablemente para el SAS cuando llegue hasta al TSJA. Se muestra seguro de esto ya que el Pacto de Estabilización “se hizo bajo las condiciones que Bruselas ponía respecto a cómo se tenía que hacer la interinización” y por otro lado, el acuerdo “contaba con el respaldo de la asesoría jurídica que el gobierno de la Junta de la Andalucía hizo en su momento”.

Por otro lado, Cantalejo asegura que existen “otras sentencias individuales previas”, es decir, existe jurisprudencia que avala el funcionamiento del Pacto de Estabilización. Además de un caso en el que intervino el TSJA en la línea de facilitarse un proceso de estabilización laboral de médicos eventuales a interinos, Cantalejo recuerda una sentencia del Tribunal Supremo que avala ese tipo de proceso de estabilización.

“Dentro de todo es una sentencia más de primera estancia y recurrible”, continúa Cantalejo que se muestra seguro de que el recurso les dará la razón aunque no descarta que de darse esa situación, recurrirían al Tribunal Supremo. Por parte de la Delegación de Salud de Granada, al tratarse de una cuestión aún judicializada,prefieren no prenunciarse.

Quien sí lo ha hecho ha sido el consejero de Salud, Jesús Aguirre, que aseguró que en todo caso, la sentencia se acatará “pero se puede recurrir”, de manera que “se hablará dentro de la Mesa Sectorial en qué se ha fallado y cómo no se ha hecho”.

Al respecto, Aguirre comentaba que “un plan de estabilización que no pasaba por un concurso oposición previo siempre tiene sus dudas”, si bien remarca que “de todas formas el gabinete jurídico de la Consejería está estudiando el posible recurso”.

En el caso de que el TSJA ratificara la sentencia que anula dicho pacto y las contrataciones que derivaron de éste, explica Cantalejo que los puestos de trabajo de los 1.520 profesionales de Granada no correrían peligro.

“La sentencia no sería aplicable porque hay gente que aunque pudiera estar afectada ya cuentan con plaza”, es decir “los procesos de selección de OPE que se están produciendo harían inviable la aplicación de la resolución” ya que “ya no existe la muestra de profesionales que había en ese momento porque están dentro del sistema”.

Por su parte, la parte demandante, la Asociación Nacional de Interinos y Laborales (ANIL), consideran que la sentencia no solamente implica la anulación del proceso de estabilización acordada, sino los nombramientos realizados como resultado del mismo. 

Los 1.520 profesionales que se beneficiaron en el 2017 de esta estabilización tenían contratos eventuales por los que entonces prestaban servicios de atención de necesidades estructurales, con contratos encadenados durante un periodo de 24 meses en el mismo centro y desempeñando las mismas funciones.