El Juzgado de Instrucción 1 de Granada investiga la instalación de unas tablets en los coches patrulla de la Policía Local de Granada que podrían suponer un peligro para los agentes que viajen en el asiento del copiloto. En concreto, en una providencia del 27 de febrero de 2019, a la que ha tenido acceso Granada Hoy, el magistrado Basilio Miguel García ha admitido a trámite la denuncia presentada por el Sindicato Independiente de la Policía Local de Granada (SIPLG) contra el jefe de la Policía Local de Granada, José Antonio Moreno; el concejal de Economía, Hacienda, Personal, Contratación, Organización y Smart City, Baldomero Oliver; así como el inspector-jefe del Servicio de Infraestructura de la Policía Local de Granada, por un presunto delito contra el derecho de los trabajadores. Asimismo, el juez ha librado oficio a la Policía Nacional para que investigue los hechos.

En concreto, tal y como se recoge en la denuncia, entre los meses de febrero y marzo del pasado año "desde la Jefatura de Policía Local de Granada se dio la orden de instalación en el interior de los vehículos patrulla de unas tablets de diez pulgadas", en concreto, en aquellos que son de dos modelos concretos. Sin embargo, en uno de estos "la tablets se fija mediante un marco metálico sujeto con un brazo de metal articulado, el cual sale del interior de la guantera".

Ante ello, en abril de 2018 el SIPLG solicitó por escrito al jefe de la Policía Local información sobre "si se habían llevado a cabo los pasos reglamentarios" para instalar dichos dispositivos y su homologación, al considerarse una "reforma de importancia". Es decir, si una vez instalados, los vehículos había pasado la ITV correspondiente tras tal modificación.

Uno de los dispositivos para las tablets instalados en un coche de la Policía Local.

Según denuncia el SIPLG, podrían suponer un "peligro, ante un eventual accidente de tráfico", pues de activarse "los sistemas de seguridad pasiva, haciendo saltar el airbag, proyectaría las tablets al ocupante, lo que podría ocasionarle graves lesiones".

La respuesta que recibe este Sindicato, según se expone en la denuncia, es por parte del inspector de Infraestructura de la Policía, que manifiesta que "todo se ha instalado y homologado conforme ley". Sin embargo, "dada la gravedad del asunto" y que se continuaba sin respuesta por parte del jefe de la Policía Local, pusieron la situación en conocimiento del Comité de Seguridad y Salud en el Ayuntamiento de Granada, que preside Baldomero Oliver.

Pese a que en dicha reunión el representante de la Jefatura de Policía Local de Granada aportó un certificado de la empresa instaladora "donde al parecer, se recoge que no existe riesgo en caso de saltar el airbag y que la instalación se ha realizado conforme a lo legalmente establecido", el SIPLG instó a que se le entregase una copia del mismo.

Al obtener una negativa como respuesta, "se solicitó permiso a Baldomero Oliver para acudir a una estación de ITV y salid de dudas", siendo el sindicato el que asumiría los gastos económicos. Si bien, de nuevo la petición fue rechazada "manifestando que se darían instrucciones al área de parque móvil para emitir la instrucción que procediera".

Desde el Sindicato contactaron con la estación de ITV que había inspeccionando los vehículos, tras lo que pudieron comprobar "cómo se estaban presentando a ITV estos coches", ya que quedaba reflejada en la ficha técnica. Sin embargo, el SIPLG denunció que "no se corresponde con la instalación que realmente se ha efectuado".

El juez ha acordado librar oficio a la Policía Nacional y dado traslado de los hechos a la Fiscalía

Ante ello, representantes del Sindicato se personaron en la estación donde el Subdirector de la misma, tras ver unas fotografías "donde se observa claramente el brazo articulado metálico y la correspondiente tablets, manifiesta que esa instalación no se corresponde con la homologación anotada en la Ficha Técnica".

Así, se recoge en la denuncia que "se ha procedido a intentar dar legalidad a una reforma considerada de importancia (...), sin tener en cuenta la seguridad de los policías, omitiendo la realidad y aportando documentación que no se corresponde con la reforma realizada, con la intención de falsear dicha reforma, presentando los vehículos a ITV suprimiendo todo o parte de la instalación, para una vez pasada favorablemente volver a colocar el dispositivo".

Tal y como se recoge en la denuncia, se entiende que "ha existido una inobservancia grave, dolosa y con absoluto conocimiento del riesgo existente para sus trabajadores, de las normas de Prevención de Riesgos Laborales".

Ahora, es el Juzgado de Instrucción 1 de Granada el que, tras admitir a trámite la denuncia el pasado febrero, el que investiga si finalmente se ha cometido una ilegalidad respecto a la instalación de dichos dispositivos en los coches patrulla, así como las posibles medidas a adoptar, como la solicitada por el SIPLG de que se desmonten las tablets de los vehículos mientras esté abierta la causa judicial.