Con el objetivo de mejorar los órganos judiciales de la comunidad, la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local invertirá 2,9 millones de euros, sufragados por el Pacto de Estado, destinados a la creación de 95 nuevos puestos de interinos y una Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género (Uvivg) en cada una de las provincias.

Granada se beneficiará de una inversión de más de 183.800 euros  que se destinarán a reforzar la atención a las víctimas de violencia de género en los juzgados de la provincia. En concreto se incorporarán ocho nuevos interinos del cuerpo de tramitación que irán destinados a los juzgados que tienen competencias en materia de violencia de género. Motril, Almuñécar, Baza, Órgiva, Santa Fe, Huéscar, el Penal número 2 de Motril y la sección 2 de la Audiencia Provincial de Granada serán las sedes judiciales donde se realicen estos refuerzos.

El objetivo es agilizar la tramitación de los expedientes y mejorar la atención a la ciudadanía. Los interinos se nombrarán inicialmente para un semestre, hasta el próximo 31 de diciembre, aunque podrá ser prorrogado en 2020.

También se creará una nueva Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género (Uvivg), lo que reforzará el personal del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) con la incorporación de un médico forense, un psicólogo, un trabajador social y un administrativo del cuerpo C1 de la Junta de Andalucía.

El coste de esta medida a nivel andaluz, en la que se pretende dotar a cada una de las provincias de una Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género (Uvivg), será de más de 740.000 euros con cargo a las cuantías del Pacto de Estado.

Además, también se pondrá en marcha un plan de ampliación del personal que cubre las guardias en los juzgados costeros, para poder atender tanto al aumento de población que se produce en estas zonas durante el verano como la llegada de personas migradas de forma irregular. En la provincia granadina la ampliación de personal en los juzgados de guardia se pondrá en marcha en Motril, que contará con ocho funcionarios para realizar las guardias en lugar de cuatro. El coste de esta medida en Granada será de 15.617 euros, que serán sufragados con los fondos rescatados de la extinción de la Fundación Mediara.