Granada

El leviatán de políticos, jueces y empresarios

"Un día veré el comercial abierto y a la gente que lo critica comprando". El exalcalde socialista de Armilla, José Antonio Morales Cara, está ahora muy cerca de asistir a esa inauguración, pero cuando hizo esas declaraciones a este periódico, hace diez años, no debía de imaginar que tendría que esperar tanto tiempo y, por supuesto, que el camino sería tan tortuoso.

El Centro Nevada ha sepultado a políticos, ha visto la retirada o el traslado de jueces, así como el abandono de cargos importantes, ha puesto contra las cuerdas la estabilidad económica de empresas, ha alentado intereses, movido a funcionarios y ha provocado tensos debates. Y mientras, ha seguido erguido, casi imperturbable, a la espera de su momento.

El juez que se encargó de la instrucción del caso, Miguel Ángel del Arco, argumentó la orden de paralizar la obra con esa descripción ya célebre: El Nevada es "un leviatán de hierro y cemento en plena Vega". Consideraciones urbanísticas y ecológicas a parte, el proyecto ha sido ese auténtico bicho demoníaco para políticos, jueces y empresarios, que se han envuelto en una madeja de pleitos y años que a nadie ha dejado contecto. Públicamente o en confidencia, casi todos admitían que, bien o mal, lo importante es que este conflicto termine.

El arranque de la crisis vino de la política, que se sepa. El Partido Popular quiso convertir el Nevada en su instrumento de tortura para el PSOE, cuyos concejales permitieron y alentaron la construcción del gigante de cemento en la Vega. Pero su posición no fue fácil de explicar en Armilla cuando consiguieron llegar al poder y las sentencias no siempre le han dado la razón en todo.

Eso sí, vieron cumplido su primer objetivo, que era defenestrar al importante 'clan de Armilla', en el que incluían al exalcalde y al exconcejal de Urbanismo, Gabriel Cañavate, que por entonces era el poderoso vicepresidente primero de la Diputación.

Estos socialistas del área metropolitana mantuvieron un pulso con su propio partido y con la Junta de Andalucía. La delegada del Gobierno en Granada era entonces la actual secretaria general del PSOE, Teresa Jiménez, que se implicó en este tema de lleno. Hasta el entonces presidente andaluz, Manuel Chaves, tuvo que intervenir aprovechando una visita para inaugurar un colegio, precisamente en Armilla. Era el 21 de septiembre de 2006, el Ayuntamiento de Armilla llevaba meses desoyendo las peticiones de la Junta de revisar la licencia de obras del Nevada, y esta Administración acababa de iniciar un contencioso en los juzgados contra el municipio por esta cuestión.

Chaves tenía en su agenda una visita al IES Bueno Crespo, a tres pasos del propio Nevada y con el alcalde Morales Cara como anfitrión. Recorrieron el recinto, se dieron un frío apretón de manos y apenas intercambiaron palabras. No hacía falta mucho más, después de que el máximo responsable de la Junta hubiera advertido horas antes en público de que exigiría "un cumplimiento estricto y escrupuloso del planeamiento urbanístico" y de que "la Junta no está de acuerdo" con la tramitación del Centro Nevada.

La primera víctima de esta ofensiva llegó 15 días después, cuando Cañavate anunció su dimisión de todos los cargos públicos, en el Ayuntamiento y en la Diputación. Había perdido el pulso dentro del partido. "Agotado e indefenso, pasando los días más amargos de mi vida por las presiones políticas y mediáticas", así anunció su marcha, a la que lo habían alentado tanto el presidente provincial, Martínez Caler, como el entonces secretario general socialista, Francisco Álvarez de la Chica. El exalcalde de Armilla tampoco volvió a las listas socialistas y más tarde fue inhabilitado por el juez.

Esta guerra política que desató el proyecto de Tomás Olivo tiene también su reflejo en otros ámbitos, donde se perciben y señalan intereses constantemente. En el terreno empresarial, desde el principio también se libran batallas, dado que el Nevada no ha sido la única iniciativa comercial. En este tiempo García Arrabal ha levantado, muy próximo, su principal competencia, el Centro Serrallo, cuya legalidad urbanística también se está investigando ahora en un proceso judicial donde el propio Olivo está personado como acusador. Y el Granada Plaza, otro proyecto del empresario José Julián Romero, está casi enterrado en pleitos, como el de la Operación Nazarí, que acabó con la detención, entre otros, del alcalde Torres Hurtado y de los dos empresarios promotores de centros comerciales.

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