El limbo de las Zonas de Bajas Emisiones para ocho municipios de Granada: ¿por qué Armilla sí y Maracena no?

La primera Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la provincia de Granada llevará ya una semana operativa de aquí a un mes. Quien no cumpla con las medidas, ya de por sí bastante laxas, para acceder a prácticamente todo el entramado urbano de la capital, recibirá una multa en casa. Tanto la ciudad como Motril son las dos municipalidades granadinas que están obligadas por ley a implementar una ZBE solo por número de habitantes, más de 50.000, pero existe otro criterio que para los municipios de más de 20.000 censados, ocho en Granada, que superen determinados niveles de contaminación. Y en esta situación parece solo está Armilla. “Parece”, porque el limbo sobre los criterios a seguir para implantar una ZBE son muy confusos.

De los ocho ayuntamientos de la provincia que tendrían que instalar una ZBE en función de su nivel de contaminación, cinco están en el Área Metropolitana de la capital, y tres de ellos colindan directamente con la ciudad y prácticamente con la ZBE que entrará en vigor el próximo día 1. El más próximo, Armilla. Según ha confirmado desde el Ayuntamiento a esta redacción, la población está obligada a implantar su ZBE debido a los registros de polución detectados. Hasta el momento, las medidas adoptadas por el Consistorio liderado por la socialista Loli Cañavate son muy limitadas e iniciales, y “no contemplan” restricciones de circulación de vehículos o el establecimiento de un área delimitada al tráfico, tal y como refleja el documento Directrices para la creación de zonas de bajas emisiones que siguen todos los municipios obligados a ello.

Según esta guía, el contenido “mínimo del proyecto” de una ZBE se basa en trece puntos, de los cuales los principales son la “localización de un área objetivo de mejora del aire”, una descripción general de esta zona, el origeny la “evaluación de esa contaminación”, así como un análisis de la situación, la elaboración de una lista que describa todas las medidas, y un plan de sensibilización y comunicación. Asimismo, el proceso de implementación obliga a una “definición y señalización de la ZBE”, las “restricciones y excepciones de acuerdos a los objetivos”, así como un “calendario” de implantación y, sobre todo, tener “mecanismos de control y sanción” para su incumplimiento.

Armilla, obligada

Armilla, a requerimiento de este diario, ha precisado que implantará futuras restricciones al tráfico en la ciudad, y que saldrán de un nuevo Plan de Movilidad que está “en elaboración”. “La avenida Fernando de los Ríos está destinada a tener limitaciones de acceso, primando la circulación de transporte público y fórmulas de movilidad sostenibles”, añaden desde el Consistorio. La reforma de esta vía, antiguamente carretera N-323, fue presentada en su día como ZBE de Armilla, aunque no está señalizada como tal, y consistió en la construcción de un carril bici de 1,5 kilómetros, la ampliación de aceras, la adecuación de zonas peatonales y la mejora del entorno urbano en un eje estratégico de entrada a la ciudad, todo por 1,09 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Aun así, desde Armilla insisten en que “la zona de bajas emisiones en ningún caso va a afectar al núcleo urbano y queda circunscrita a la zona de la avenida Fernando de los Ríos. La intención es que tenga la menor incidencia posible en la movilidad”. Además, “esta implantación está a la espera de una solución definitiva para la conexión entre Armilla y Granada por esta vía”.

Y es que la localidad armillera es una de las que ha acudido a la justicia para frenar la implantación de la ZBE en Granada capital. La otra es Maracena, otra población mayor de 20.000 habitantes que, según confirmó el Ayuntamiento a este diario, que no tienen notificación alguna del Miteco de que el municipio esté obligado a implantar también un área de bajas emisiones, a pesar de que comparte calles con la capital como pasa con Armilla. El Consistorio no ha impulsado, aún así, ningún tipo de plan que contemple la restricción de uso de vehículos altamente contaminantes, pero sí ha impulsado “medidas sostenibles como la plantación de árboles, la promoción de la peatonalización de nuestras calles, el fomento del uso del transporte público y la concienciación para que los niños acudan al colegio caminando o en bicicleta”.

La Gran ZBE

También La Zubia linda directamente con el término municipal de la capital, pero a diferencia de las otras dos, hay una separación entre el pueblo y la ciudad con Vega. No está obligada a tener una ZBE, pero también ha reclamado contra el plan de la capital. De la misma forma, Atarfe se escapa de esa obligación. En Las Gabias, tercer municipio por tamaño del Cinturón, tampoco se prevén restricciones a los vehículos contaminantes al no estar obligados por parámetros de polución, pero contempla un plan recién aprobado “que marca las directrices y objetivos a seguir en materia de movilidad, que coincide con el hito histórico de la inminente llegada del Metro”. Por ello, el Ayuntamiento “trabaja junto al Consorcio Metropolitano de Transportes para mejorar y complementar las líneas de transporte urbano y la interconexión de nuestros diferentes núcleos poblacionales.

Aun así, el futuro habla de restricciones en todos los municipios. El Plan de Transportes del Área de Granada, cuya elaboración acaba de ser licitada por la Junta de Andalucía, ya contempla una 'Gran ZBE' que engloba a los doce municipios que alcanzarán las futuras ampliaciones del Metro, así como las “líneas de altas prestaciones”. Así, el pliego inicial habla de que, una vez implantada en la capital, se extienda a Armilla, Maracena y Albolote en el horizonte de 2027; y por último Churriana de la Vega, Gabia Grande, Ogíjares, La Zubia, Huétor Vega, Peligros, Atarfe y Santa Fe, en el año 2030.

Los casos de Motril, Baza o Loja

En el resto de la provincia, Motril aprobó a finales de enero su ZBE, que prevé restricciones al paso de vehículos en el casco histórico, y en el caso de los vehículos más antiguos. Todavía no se ha implantado y tardará en hacerse, ya que una vez se coloquen todas las cámaras y barreras de paso, tendrá un periodo de pruebas de tres años (frente a los seis meses, prorrogados otros seis, de Granada capital). En la Costa, Almuñécar no tiene obligación de implantarla ni hay planes del estilo.

Sí se habló de ello en Baza. En octubre de 2022 incluso adjudicó un contrato de obras para la implementación de “zonas de bajas emisiones”, en plural, en el centro urbano de la ciudad norteña. Aquel proyecto, sin embargo, no contemplaba restricciones al tráfico rodado, y sí una serie de actuaciones en diferentes calles consistentes en la construcción de carriles bici y la prohibición de circular a más de 30 kilómetros por hora en algunas vías. Loja no tiene plan de ZBE, aunque el alcalde Joaquín Camacho, en un pleno de enero de este año en el que se aprobó el Plan de Acción de la Agenda Urbana 2030, afirmó que la localidad estará obligada a implantarla en 2030.