Afectados por los continuos cortes de luz en la zona Norte de Granada se han vuelto a concentrar en el centro de la ciudad para exigir sus derechos y pedir que no se les criminalice al vincular este problema a la producción de marihuana. Con mantas como las que tienen que utilizar a diario por la falta de fluido eléctrico en sus casas, han acudido a las puertas de la sede gubernamental donde los políticos estaban reunidos en la Mesa de Trabajo convocada de forma urgente para abordar por enésima vez el problema.  

Las organizaciones sociales anunciaron la convocatoria de la concentración en contra de los cortes de luz con la exigencia de que no se produzca una "criminalización de la ciudadanía por parte de algunos representantes públicos”. Ha sido frente a la Subdelegación del Gobierno, donde se celebraba la reunión de las distintas instituciones –entre ellas, el Defensor del Pueblo Andaluz, la subdelegada del Gobierno o el alcalde Granada–, para pedir que  “se comprometan de verdad con la garantía de los derechos humanos y dejen a un lado discursos que solo alientan la estigmatización de las vecinas y vecinos que viven en Zona Norte”.

Entre las organizaciones convocantes se encuentran la asociación Anaquerando, la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados, la Asociación de Vecinos Nueva Cartuja, la Asociación de Vecinos Casería de Montijo, la Asociación Sociocultural la Paz, Diálogo y Acción, la Fundación Lestonnac Montaigne, la Parroquia de la S. Familia y Ntra. Sra. de la Paz o la delegación en Granada de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA).

Las organizaciones sostienen que “la situación que viven barrios como La Paz o Casería de Montijo se repite en numerosos puntos de todo el Estado”, en alusión a los cortes de suministro eléctrico que también se sufren en La Chanca, (Almería), el Polígono Sur (Sevilla), Font de la Pólvora (Girona) o La Cañada Real (Madrid). Apuntan que “en todas estas zonas se responde de la misma forma por parte de las eléctricas y de las administraciones públicas: "vulnerando los derechos humanos y criminalizando a la población”.

Tal y como señalan en su escrito, “se trata de una denuncia que también hemos dirigido esta semana al presidente del Gobierno, al Ministerio de Derechos Sociales y al Ministerio para la Transición Ecológica más de cien organizaciones de todo el Estado”.

Del mismo modo, las entidades sociales recuerdan que recientemente el Defensor del Pueblo Español ha advertido en relación con los cortes de luz que “en determinadas intervenciones se ha pretendido hacer pasar el problema exclusivamente como el resultado de un fenómeno generalizado de producción masiva de marihuana”. Sin embargo, para Fernández Marugán tales argumentos resultan “falaces y peligrosos, pues victimizan a la mayoría de las personas afectadas e incurren en aporofobia”.