Un total de 231 jóvenes granadinos menores de edad cursan sus estudios mientras cumplen medidas judiciales en medio abierto. Otros 32 adolescentes prosiguen con su formación mientras están privados de libertad. Son los datos ofrecidos por las delegadas de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María José Martín, y de Justicia, Administración Local y Función Pública, Inmaculada Hernández, en la rueda de prensa ofrecida para informar sobre la colaboración de las dos consejerías para la atención educativa de adolescentes que cumplen con medidas judiciales a través del Servicio Integral de Medio Abierto (SIMA) de la Junta.

Hernández destacó los recursos de la Junta para atender a este alumnado, que puede cumplir con las medidas impuestas por el juez bien en medio abierto o en medio cerrado. En el primer caso son 231 los menores granadinos que se encuentran escolarizados en distintas etapas educativas, desde ESO, Bachillerato a FP o Educación de Adultos, mientras que están internos otros 32 jóvenes que también cursan sus estudios.

El objetivo de la atención educativa es que estos menores "puedan volver a su centro escolar en condiciones de seguridad", indicó la delegada de Justicia, que añadió que el seguimiento de este alumnado es "continuo". A lo largo del pasado año, 2021, los jueces fijaron medidas judiciales en 1.265 casos, expuso la responsable en la provincia de la Consejería de Justicia. Además, en un 20% de los casos se producen conductas reincidentes.

Sobre el alumnado que cumple con medidas judiciales de privación de libertad "también se trabaja especialmente con ellos para que vuelvan a retomar su educación, su escolarización con unos resultados también bastante bastante buenos", aseguró Hernández. De los 32 alumnos en esta situación, 20 son chicos y 12 chicas.

Ambas consejerías, Educación y Justicia, trabajan de forma conjunta para coordinarse en cuestiones como que no haya incidencias en las matriculaciones, "una mayor flexibilización en la matriculación de estos alumnos y buscarles el centro que más se adecue a sus necesidades", enumeró la responsable en Granada de Justicia. También se hace un seguimiento del alumnado "que son tutelados por los profesionales de la Junta de Andalucía".

Martín, por su parte, explicó que "son menores que que han estado en conflicto y lo que pretendemos" desde la Administración "que tengan la la oportunidad de encarrilar sus estudios académicos" con el objetivo de que tengan más opciones en el mercado laboral. "Hay que trasladar a la sociedad que nuestra responsabilidad también generar esas oportunidades para ese alumnado que a lo largo de su vida ha tenido pues momentos complicados o circunstancias que en algunos de los casos incluso le ha podido privar de la de su libertad", reflexionó la delegada de Desarrollo Educativo. El pasado curso participaron en la atención de este alumnado con medidas judiciales 128 centros. En lo que va de curso académico 2022/2023 ya son 231 los menores que son usuarios de este servicio de seguimiento.

Desde que se puso en marcha el Servicio Integral de Medio Abierto (SIMA) se ha atendido en Granada a más de 3.500 jóvenes. Cada año, de media, son un millar los adolescentes que tienen medidas judiciales en medio abierto y otros 200 aproximadamente cumplen con medidas de internamiento. La estadística indica que el 20% de estos menores reincide, indicó el secretario general de Justicia e Interior de la Junta, Fermín Olvera.