Dos meses de 'tregua' para evitar el desalojo de nichos

Con la llegada de la festividad de Todos los Santos son muchas las familias que han subido al cementerio de San José para visitar a sus seres queridos. La sorpresa ha llegado cuando, al acercarse al nicho o al panteón, han encontrado una pegatina verde o naranja con un aviso de Emucesa. En el mejor de los casos el adhesivo invita a regularizar la titularidad del nicho en cuestión. Pero también hay fallecidos al borde del desahucio con avisos que recuerdan que ese espacio está "pendiente de exhumación".

La operación para desalojar el cementerio comenzó en el año 2015. Emucesa encargó un censo para lograr una "radiografía" de la situación en la que se encontraban más de 60.000 unidades de enterramiento de las que dispone el camposanto granadino. Dicho análisis desveló que más del 16% del espacio se encontraba abandonado con titularidades erróneas e impagos por lo que se decidió buscar a los familiares para que regularizaran la situación.

Durante la etapa popular se inició el procedimiento que provocó un enorme revuelo. Se publicaron los nombres en medios de comunicación y en el BOP, lo que provocó la 'legalización' de 3.500 unidades. Pero no todo el mundo accede a estos canales informativos por lo que, el PSOE, nada más llegar a la Alcadía, decidió paralizar todo el proceso. Según explicó ayer el concejal delegado de Emucesa, Miguel Ángel Fernández Madrid, cuatro días después de entrar en Ayuntamiento se congelaron los desahucios y se dio un año de "tregua" para que las familias acudieran a las oficinas para arreglar la documentación que en ningún caso puede tener como titular a personas fallecidas, hecho que ocurre habitualmente.

Además, como el principal problema era la imposibilidad de notificar a las familias afectadas de la necesidad de regularizar la situación, el Ayuntamiento decidió poner en marcha una importante campaña informativa para alertar a los granadinos.

A dos meses de que finalice este año de tregua toca decidir cómo continúa este proceso. En este sentido el concejal detalló que el asunto será tratado en el próximo consejo de administración de Emucesa que se celebrará el 8 de noviembre. También ese día se tratarán las tarifas de Emucesa de 2018. Probablemente, explicó Fernández Madrid, se abrirá un plazo oficial para que no hayan cambiado los datos aún. "La política de Emucesa es regularizar la situación en tanto que sea posible", aseguró el concejal que recordó que para ello se establecen razones de consanguineidad que los familiares deben acreditar. "Salvo casos excepcionales no nos constan problemas", añadió el edil.

Es el caso de María José Cuevas, que encontró ayer una de estas desagradables pegatinas en el nicho de su abuela materna. Rápidamente se dirigió a la oficina de Emucesa donde le comunicaron que debía actualizar el titular que era su tía que ha fallecido. Lo que no se explica es cómo, si el nicho era a perpetuidad, ahora se plantea este desalojo que ni siquiera se comunica de manera formal. "Si no llego a ir al cementerio no me entero", detalló ayer Cuevas mostrando su desconcierto al conocer que para hacer este cambio debe tener una consanguineidad directa y abonar 72 euros. La única descendiente directa es su madre, a la que comunicará que deben hacer este cambio. "Me han dicho que, además, el año que viene no le enviarán los recibos a mi madre que es quien los paga. No me lo explico. Me da la sensación de que se han inventado una normativa para desalojar el cementerio y ganar espacio", apuntó Cuevas quien añadió que hay documentos que no puede conseguir con la brevedad que se le exige. "Quieren una partida de nacimiento de mi abuela que nació en Argentina. No es tan sencillo".

El gerente de Emucesa, José Antonio Muñoz, reconoció ayer que se ha intensificado la campaña informativa de pegatinas estos días a sabiendas de que el cementerio iba a tener una mayor afluencia. Era una forma más sencilla de pedir a los familiares que regularicen la situación. Respecto a los nichos a perpetuidad, Muñoz destacó que fue el Tribunal Supremo el que limitó las concesiones de los bienes públicos en manos de los particulares "indefinidamente". "Un bien no puede estar en manos de una persona fallecida porque no tiene efectos jurídicos", aseguró.