Un millar de granadinos recurren al salario social para salir a flote

Han agotado la prestación por desempleo y ningún miembro de la familia encuentra trabajo desde hace meses o incluso años. Es la situación de muchos parados de larga duración que se ven obligados a recurrir a lo que se conoce como el salario social, una ayuda de 400 euros que concede la Junta de Andalucía, durante seis meses, a familias que se encuentran en una situación límite porque no ingresan ni un euro.

En lo que va de año- enero y marzo- sólo en la provincia de Granada se ha concedido esta prestación a 962 familias y se ha invertido un total de 2,3 millones de euros en el Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía( el salario social).

Para beneficiarse de esta ayuda es necesario llevar empadronado en Andalucía al menos un año y no gozar de ningún tipo de ingreso. Pero, tal y como explicó la delegada del Gobierno , María José Sánchez, la prestación se concede con una serie de condiciones. "No es una aportación sólo económica, a cambio hay que adoptar una serie de medidas educativas, entre otras". Así, estas familias que hasta el inicio de la crisis económica procedían de ambientes marginales y solían estar desestructuradas y en riesgo de exclusión social, se comprometían a erradicar el absentismo escolar entre sus hijos. Además, el programa establece un compromiso de integración en los ámbitos de salud, vivienda y capacitación profesional para la inserción en el mercado laboral. "Cuando se le acaba el itinerario de inserción laboral se le otorga la prestación. Tienen que comprometerse con una serie de medidas a cambio de esta renta", especificó Sánchez.

El perfil de las personas que solicitan esta ayuda ha cambiado como consecuencia de la crisis económica. De hecho, en la actualidad, muchas familias de clase media-baja han tenido que pedir esta prestación. "Ahora son las familias normalizadas que han perdido su empleo las que recurren al salario social. Por eso, es importante seguir apostando por el mismo", expresó la delegada de Igualdad y Bienestar Social, Magdalena Sánchez.

De las 4.042 familias a las que se le concedió la ayuda en 2011, en 1.326 de ellas, alguna persona consiguió un empleo y, por tanto, "dejaron de recibir la prestación".

Por otra parte, la Junta de Andalucía financia otros programas como las denominadas ayudas de emergencia que se conceden a personas que "no tienen solvencia económica para pagar cosas básicas como la luz, el agua o la alimentación". Se les ayuda en un momento determinado para ofrecerles un apoyo económico en situaciones límite", arguyó Sánchez.

Además, se contempla otro programa de actuación social en espacios naturales que permite que las personas que más dificultades tienen del programa social puedan acceder a un curso de formación y trabajen durante nueve meses.