La Junta de Andalucía ha perdido en Granada alrededor de 15 millones de euros durante los últimos nueve años debido a la gestión de su patrimonio. Ha sido dinero público tirado, no a la basura, pero sí a las cuentas de un fondo de inversión internacional, Inversiones Holmes (filial de WP Carey). En 2014, la institución autonómica llegó a un acuerdo con la firma privada para venderle tres de sus inmuebles más emblemáticos, el del Paseo del Salón, el de la calle Tablas y el de la Avenida del Sur, sedes de Cultura, Hacienda y Salud, respectivamente. Pero las oficinas públicas no se movieron de allí y durante nueve años han pagado alquiler hasta que el actual Gobierno andaluz ha recomprado ahora esos inmuebles, a un precio incluso superior al de hace casi una década. En resumen, una operación inmobiliaria desastrosa para los intereses públicos que reportó liquidez inmediata, pero una ruina posterior. 

Dentro de una gran operación de venta de 70 inmuebles en toda Andalucía, la Junta de Andalucía que entonces gobernaba el PSOE incluyó en el lote los tres edificios granadinos antes citados. Más allá de su valor económico, son lugares emblemáticos que los granadinos reconocen como sedes de esta administración. El fondo privado pagó 20,6 millones por este patrimonio local, dentro del acuerdo global por el que la Junta obtuvo 300 millones de euros en aquel momento. 2,6 millones por el edificio del Paseo de la Bomba, 9 por el de calle Tablas y 8,9 por la sede de Salud, en Caleta. 

Ahora, esos inmuebles vuelven a ser propiedad de la Junta de Andalucía, gracias a un acuerdo de recompra de todo el mismo paquete inmobiliario andaluz vendido en 2014. La Consejería de Economía llegó a ese compromiso con la propietaria el pasado mes de octubre y ahora se ha firmado en una notaría de Sevilla la operación de recompra de los edificios, en los que trabajan unos 8.600 empleados públicos de la Junta de Andalucía. "La Junta vendió los edificios por 300 millones y se obligó a pagar al comprador en 20 años al menos 707,8 millones. Casi dos veces y media lo que había recibido por vender los edificios. Y a partir de ahí, todos los años, de por vida, una renta que superaría los 40 millones de euros cada año", explicó la titular de Economía Carolina España.

La clave de aquella operación tan deficitaria fue el compromiso de seguir como inquilinos durante al menos 20 años después de vender los inmuebles. Es decir, que si había que apretarse el cinturón, lo más normal hubiera sido la venta de los inmuebles y el traslado de sus oficinas a otros edificios propios. Pero no fue así, porque los trabajadores de la Junta continuaron en el mismo sitio y la Junta comenzó a pagar un arrendamiento que hasta ahora le ha supuesto un mínimo de 14,6 millones de euros (si sólo se cuentan los edificios de Granada), a razón de 1,6 millones anuales, que era el precio establecido, más las subidas correspondientes del IPC que se hayan aplicado en este tiempo. 

Ahora la Junta ha optado por recuperar la propiedad de esos edificios mucho antes de cumplir los 20 años del contrato, pero por encima del precio en el que los vendió (327 millones, frente a los 300 que recibió hace casi una década). Pero las arcas públicas no solo han perdido esa diferencia de precio entre lo que recibió la Junta en 2014 y lo que ha pagado ahora, que hasta cierto punto es normal con el paso del tiempo. Lo que se ha tirado por la borda es el dinero de nueve años de alquiler, que en el caso de las tres sedes de Granada, ronda los 15 millones de euros. Si hubiera continuado la misma situación de alquiler, dentro de algo más de tres años la Junta ya habría pagado en cuotas de arrendamiento por esos inmuebles el mismo dinero que recibió cuando se deshizo de su propiedad.