El taxi, un sector muy ligado al turismo y al ritmo de la actividad económica, está sufriendo severas pérdidas a consecuencia de los cierres perimetrales y la paralización de la actividad. Una pandemia que además pilló al colectivo pendiente de una necesaria transformación en su normativa que llega ahora de la mano de la Junta de Andalucía. Un nuevo decreto consensuado y plasmado ayer en Granada entre la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, y representantes del Gremial del Taxi de la provincia así como de la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi (FAAT). Los cambios sustanciales son que posibilita que se pueda ofrecer el precio cerrado con antelación, se incorpora el la plaza compartida y se obliga a los vehículos a leer tarjetas de crédito.

Por tanto, el Consejo de Gobierno de la Junta aprueba hoy este decreto de modernización del sector del taxi, según el anuncio de la consejera de Fomento. Se trata del decreto por el que se modifica el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo, explicó Carazo tras reunirse con representantes del sector.

Según la consejera, se trata de la primera modificación del reglamento en diez años, e incorpora medidas acordadas con el sector para que sea más competitivo como la precontratación a precio cerrado y por plaza o el pago con tarjeta bancaria. Este decreto de modernización del taxi es fruto de la negociación mantenida con las organizaciones de taxistas desde hace dos años.

El Consejo Andaluz del Taxi (con representantes de los taxistas, consumidores y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias) aprobó por amplía mayoría el decreto que se aprueba este martes, que también obtuvo el informe favorable del Consejo Consultivo.

En concreto posibilita que se pueda ofrecer el precio cerrado para los servicios previamente contratados a través de una aplicación de móvil, de manera que los usuarios puedan conocer de forma anticipada la tarifa máxima que pagarán al final del trayecto. También se incorpora al reglamento la contratación del servicio por plaza (taxi compartido) en supuestos de gran demanda para abaratar el coste de los trayectos y reducir el volumen del tráfico.

Otra medida es la obligación de que los vehículos auto taxis vayan provistos de un lector de tarjetas de crédito. Además de estas modificaciones dirigidas a la modernización del servicio del taxi, el decreto incorpora una serie de variaciones en el reglamento que son fruto de pronunciamientos judiciales. Se elimina, por ejemplo, la exigencia de que el vehículo sea conducido por el mismo titular de la licencia. También se ha eliminado, entre otras, la restricción de que el vehículo no supere los dos años de antigüedad en el momento de concesión inicial de la licencia.