Motril, Armilla, Alhendín y otro centenar de municipios de Granada eluden su obligación de presentar sus cuentas

Menos de una cuarta parte de los ayuntamientos han remitido la información al Tribunal de Cuentas en la fecha que establece la ley

La Diputación tampoco ha entregado a tiempo la documentación, lo que supone un caso "especialmente relevante"

Alhendín reduce en casi un millón de euros su deuda en dos años

Imagen de archivo de un pleno de la Diputación de Granada
Imagen de archivo de un pleno de la Diputación de Granada / GH

Solo 37 ayuntamientos granadinos han presentado a tiempo sus cuentas ante el Tribunal de Cuentas referente al ejercicio 2023, lo que deja la balanza inclinada claramente hacia un lado, pues son solo el 24,1% del total de entidades locales recogidas por el órgano fiscalizador nacional en su último informe del sector público local, presentado hace unos días y consultado por este medio.

Las entidades locales están obligadas por mandato legal a enviar al Tribunal una serie de datos relacionados con su gestión cotidiana. Son los requisitos de trasparencia y buen gobierno propios de las democracias, sin embargo solo una parte de los ayuntamientos de la provincia ha cumplido este mandato. Tal es el caso de la capital, que sí presentó sus cuentas a tiempo (al contrario que otras capitales andaluzas como Sevilla o Córdoba) u otras localidades como Las Gabias o Padul.

Sin embargo, hay casos de municipios de gran tamaño que, como consta en el informe no han presentado sus cuentas antes de la nochevieja de 2024. Dentro de este grupo de díscolos se encuentran por ejemplo Armilla, Atarfe o Maracena, en el Área Metropolitana; o Salobreña y Almuñécar, en la Costa.

Mención aparte merecen otros territorios como Motril, también en la Costa, Baza o Cúllar Vega. Se trata de municipios que, si bien no presentaron la documentación requerida por el Tribunal de Cuentas dentro del plazo, sí lo han hecho a lo largo del primer semestre del año. En esta situación se encuentran otra treintena de municipios, lo que eleva el total a un 43,7% de ayuntamientos de la provincia (el Tribunal contabiliza 153 municipios, quedando fuera algunos como Alhama de Granada o Pórtugos) que sí han presentado sus cuentas, aún claramente inclinada hacia un lado.

El caso granadino no es, ni mucho menos la excepción. Hace unos meses, Manuel Cardene, presidente de la Cámara de Cuentas andaluza, mostraba en una entrevista publicada en Grupo Joly, su preocupación por el incremento en la rendición de cuentas. "Tenemos el nivel más bajo de España”, sentenció el catedrático. Ahora, con los datos del Tribunal de Cuentas esa preocupación cobra forma, pues sólo 307 de las 859 andaluzas, el 36%, habían cumplido con sus obligaciones. La ilegalidad es además recurrente: el cumplimiento de 2022 se quedó en apenas el 31%, aún menor.

Este porcentaje, tal como recoge el informe del Tribunal de Cuentas, supone el más bajo de las comunidades autónomas, por debajo de Murcia (el 47% de las entidades locales son cumplidoras) y de Castilla-La Mancha (50%). No queda ahí la llamada de atención. El análisis del organismo fiscalizador nacional incluye un apartado para destacar el discreto nivel de cumplimiento de una notable porción de administraciones locales andaluzas.

La Diputación de Granada, tampoco cumple

Más allá de ayuntamientos, el informe del Tribunal de Cuentas también recoge la actividad de otro tipo de entidades, como las diputaciones provinciales. En el caso de la granadina, la entidad presidida por Francis Rodríguez tampoco ha presentado sus cuentas económicas del ejercicio del año 2023.

Esta situación la comparte con otras diputaciones como Cádiz o Málaga, una situación que es "especialmente relevantes”, según puede leerse en el informe, ya que “estas entidades disponen de medios suficientes no sólo para atender sus obligaciones sino que también son responsables de asistir en la rendición de cuentas a las entidades de menor tamaño, por lo que deberían ser especialmente rigurosas en el cumplimiento de su obligación”.

Siguiendo este agrumento, el informe del Tribunal de Cuentas señala que "la función de asistencia que tienen encomendada resulta especialmente necesaria y ha de reforzarse, puesto que existe un elevado número de ayuntamientos de reducida población que incumplen con la obligación de rendir cuentas".

Tampoco salen muy bien paradas las mancomunidades. De las quince registradas en el informe, tan solo la del Valle de Lecrín y la de Juncaril-Albolote-Peligros entregaron la documentación a tiempo, a los que se sumaría la de la Alpujarra y la de la Costa, que lo hicieron también aunque fuera de plazo.

La capital sí cumple

El Ayuntamiento de la capital sí ha hecho sus deberes, algo lógico teniendo en cuenta los recursos a su disposición, pero no tanto visto en el contexto andaluz, pues según destaca el Tribunal de Cuentas en su informe correspondiente a 2023 los incumplimientos de las entidades locales de mayor envergadura, cuya falta de gestión está menos justificada, los consistorios de otras grandes capitales andaluzas como Sevilla, no había rendido la cuenta general en el plazo legal establecido, así como el de Cádiz, Córdoba, Jaén, Jerez de la Frontera, Marbella, Huelva y Roquetas de Mar.

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