De oficio y a través de un número de cuenta. La devolución de las multas cobradas por incumplimientos del primer estado de alarma se realizará de forma progresiva y sin que los granadinos sancionados tengan que realizar ningún trámite especial. A los que abonaron la multa se les devolverá el importe y a quienes no pagaron se les archivará directamente el expediente de oficio, según indicaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Granada.

Esta misma fuente indica que entre el 14 de marzo y el 21 de junio de 2020, periodo durante el que se extendió el primer estado de alarma y la población granadina tuvo que asumir duras restricciones con el fin de contener la pandemia de Covid-19, se registraron 18.600 expedientes sancionadores en la provincia. Finalmente, de éste volumen total de multas se tramitaron 12.831.

Tanto si se abonó o no el importe de la sanción, esos procedimientos ahora quedan en nada. “A aquellos que han abonado la sanción se está pidiendo un número de cuenta donde hacerles el ingreso de la cantidad pagada y para aquellos que no han abonado la sanción, se archivará el expediente directamente de oficio”, explican desde la Subdelegación.

En aquellos meses de confinamiento estricto se podía sancionar si se estaba en la calle sin motivo justificado, hacer deporte, pasear fuera del horario de toque de queda, viajar o participar en una reunión presencial. La totalidad de la población quedó confinada en sus domicilios, se suspendieron actividades, hubo que adaptarse al teletrabajo o la a docencia online y únicamente podrían trabajar de forma presencial los considerados trabajadores esenciales.

El pasado mes de julio, el Tribunal Constitucional anuló por una ajustada mayoría de seis votos contra cinco el confinamiento domiciliario que incluía el decreto del primer estado de alarma, lo que dejó en el aire las multas impuestas durante ese periodo. Finalmente, las sanciones cobradas se devolverán de oficio.

La decisión del Constitucional llegó tras un intenso debate. Se estimó parcialmente el recurso de Vox y declararon inconstitucionales varios preceptos del real decreto del 14 de marzo de 2020 con el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez implantó el estado de alarma para combatir la pandemia.

Entre el 14 de marzo y el 20 de junio se impusieron casi 1,2 millones de multas, recuerda Efe. De ellas, 18.600 en la provincia de Granada. La resolución del Constitucional en julio excluyó la responsabilidad patrimonial del Estado, dado que la sentencia entendía que los ciudadanos tenían el deber jurídico de soportar las medidas decretadas en ese primer estado de alarma y que la inconstitucionalidad decretada en principio no sería título suficiente para fundamentar una reclamación patrimonial ante la Administración.

El Constitucional, en su sentencia, no cuestiona las medidas anuladas, sino el instrumento que utilizó el Gobierno para implantarlas al entender que el estado de alarma no permite una suspensión generalizada de derechos fundamentales y que debería haber acudido al estado de excepción, que está sujeto a un mayor control parlamentario, dado que debe ser autorizado previamente por el Congreso de los Diputados. Durante esos meses hubo controles tanto en las calles como en los puntos más sensibles de acceso y salida de los núcleos urbanos de la provincia. Tras las restricciones más duras, se procedió a un proceso de desescalada, en el que también había horarios en los que no estaba permitida la libre circulación de los granadinos, limitaciones en cuanto a la apertura de establecimientos y cierre de espacios públicos.

Esa progresiva desescalada finalizó con la denominada nueva normalidad, que se mantiene ya que desde que se dio por superada la primera oleada de contagios la provincia ha sufrido otras cuatro y está inmersa en la escalada de casos de la sexta ola. Este incremento de casos podría conllevar de nuevo la adopción de medidas restrictivas en el inicio del próximo año.