Granada cuenta con un vasto patrimonio cultural, humano y, sin duda, natural.Esta riqueza conlleva sin embargo la necesidad de contar con herramientas de protección. En el caso del ámbito natural, el verano supone un momento especialmente sensible. Hay más visitantes, también hay tareas propias de la agricultura, suben las temperaturas y baja la probabilidad de que caiga un chaparrón. Los elementos de la ecuación son variados, pero dan como resultado la necesidad de extremar las precauciones.

El Plan Infoca, el dispositivo que vela todo el año contra los incendios forestales, cuenta con varias herramientas para intentar prevenir los siniestros. Una de estas herramientas es conocer el terreno. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible cuenta con un listado en el que se enumeran los municipios que, por su situación geográfica o características del entorno, están en zona de peligro por incendio forestal. El el caso de Granada son nada menos que 146 los términos municipales que figuran en este listado, lo que supone un 84% del total de las localidades de la provincia, 174.

Esta calificación conlleva una serie de responsabilidades, una de ellas es la elaboración de planes municipales de emergencias ante un incendio forestal (PLEIF), que, además, deben actualizarse periódicamente. Entre los pocos municipios que no figuran en la relación de localidades en zona de riesgo están algunos tan significativos como Armilla, Huétor Vega –que sí estuvo encuadrado como municipio en zona de riesgo hasta la actualización de la norma en 2016–, Jun –donde precisamente se ha producido uno de los últimos incendios forestales–, Fuente Vaqueros, Maracena, Peligros, Pulianas o Santa Fe. Se trata de algunos de los pueblos con más habitantes del Cinturón de Granada. La capital sí está incluida en el listado. No sólo los ayuntamientos deben elaborar el citado plan. También están obligados a ello los núcleos de población, urbanizaciones, cámpings, empresas e instalaciones o actividades ubicadas en Zona de Peligro. En este caso se determina que deben contar con planes de autoprotección en caso de incendio forestal, que además debe tener el visto bueno de las autoridades locales. En estos se debe señalar la posibilidad de intervención de ayudas exteriores y cómo se realizará la evacuación de las personas afectadas.

El objetivo de la normativa vigente que establece la necesidad de hacer planes es que “no se pongan en peligro los núcleos urbanos”, además de avanzar en las tareas de prevención que también deben desarrollarse durante los meses de invierno. Dentro de los planes locales es necesario incluir la previsión de la estructura organizativa y los procedimientos para la intervención en emergencias por incendios forestales.

.También se determina la necesidad de coordinarse con las administraciones locales del entorno.Asimismo, se indica que se debe “zonificar” el territorio en función del riesgo y prever qué puede ocurrir en el caso de que se produzca un incendio.Por otro lado, se señala que el Plan contendrá información sobre los medios y recursos con los que cuente el municipio. además de la localización de las infraestructuras físicas que puedan ser empleadas en caso de emergencia. Otro de los capítulos del plan local indica la previsión de la organización de Grupos Locales de Pronto Auxilio o equivalentes para la lucha contra incendios forestales, en los que podrá quedar encuadrado personal voluntario, y fomentar y promover la autoprotección.

El documento incorporará los medios con los que se ofrecerá información a la población, así como la catalogación de medios y recursos para realizar lo previsto en el plan. Se incluye información sobre los recursos disponible, los medios humanos y las previsiones de movilización de equipos humanos que puedan sumarse a la lucha contra el fuego.

Estos documentos no son elementos cerrados, sino que la propia norma establece la necesidad de su actualización periódica.