Una escena recurrente en Granada. Conforme se acerca el fin de semana, especialmente en temporada alta y sobre todo si hace buen tiempo, los turistas comienzan a desembarcar en la ciudad, llenando sus calles, sus bares y restaurantes y, presumiblemente, sus alojamientos turísticos. Jóvenes, parejas y familias comienzan a recorrer la ciudad, maleta en mano, en busca de su hotel o el apartamento que encontraron a través de alguno de los portales de reservas que se han hecho con el negocio turístico. El problema es que esta escena, que se ha producido incluso en los peores momentos de la crisis, no siempre termina en un establecimiento reglado. En una provincia como Granada y en unos momentos económicos como los que atraviesa el país, cada vez es más común que el destino de los viajeros se encuentre en alguna de las miles de plazas turísticas clandestinas que hay en la provincia.

Según los cálculos de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo, Granada soporta más de un 25% de economía sumergida en el sector que está sacando la provincia adelante. Es decir, que los alojamientos clandestinos o alegales -esos que se acogen a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y que, sin entrar en el registro turístico, se alquila por días para viajeros- se comen el 20% del negocio turístico granadino. Las cifras son graves: cada semana, alrededor de 2.000 o 3.000 turistas se alojan en este tipo de establecimientos, que no cumplen ninguno de los requisitos legales de los alojamientos reglados y que le arrebatan una porción de negocio preciosa a las empresas que sí siguen las reglas.

Hay más datos que confirman que la competencia desleal es una lacra sin la que el negocio turístico granadino brillaría todavía más. Según el Anuario Económico de La Caixa, por cada pernoctación en un establecimiento reglado, se registran en la provincia 3,5 pernoctaciones en establecimientos no reglados, ya sean apartamentos ilegales o casas de amigos y familiares de los viajeros. Si todas esas pernoctaciones fueran 'legales', Granada podría superar los 24,7 millones de estancias en alojamientos reglados, frente a las 5,6 millones que se registran al sumar las pernoctaciones hoteleras y extrahoteleras.

Este problema histórico se ha hecho más y más grave con la llegada de la crisis y la implantación de las nuevas tecnologías en el negocio turístico; herramientas básicas para la promoción de alojamientos que, en teoría, no podrían promocionarse. Así que era hora de coger el toro por los cuernos, de intentar poner freno a una situación que perjudica a las empresas, a los trabajadores y, sobre todo, al destino. Ayer se dio el primer paso para poner en marcha una campaña de 'acoso y derribo' contra los establecimientos ilegales con la constitución de la Mesa contra la Competencia Desleal, promovida por la Federación de Hostelería y compuesta por el Ayuntamiento de Granada, la Diputación de Granada, la Junta de Andalucía, la Subdelegación del Gobierno, la Inspección de Trabajo, la Agencia Tributaria y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

A imagen y semejanza de las mesas que se han constituido en otras provincias españolas, la comisión de trabajo para combatir a los alojamientos turísticos clandestinos y a otras fórmulas de competencia desleal -en el caso de los guías turísticos también es sangrante-, tiene por objetivo fijar un protocolo de actuaciones para poner freno a una realidad muy dañina para el sector, mediante la coordinación entre empresarios y administraciones y el refuerzo de las labores de control de los establecimientos por parte de los ayuntamientos y de la Consejería de Turismo, organismo competente para inspeccionar y sancionar a los establecimientos clandestinos.

El presidente de la Federación de Hostelería, Trinitario Betoret, reconoció ayer que el de los establecimientos clandestinos no es un problema nuevo, pero que ha llegado a unas cotas que precisa la "actuación directa y la coordinación entre empresarios y administraciones para poder actuar" sobre él. Betoret recordó que aunque la provincia haya alcanzado un nuevo récord de viajeros, las empresas están lejos de disfrutar la rentabilidad de aquellos buenos años antes de la crisis, y "el hecho de que haya quien no juega con las mismas reglas del juego dificulta enormemente" salir adelante.

El presidente de los hosteleros recordó que todos los establecimientos reglados se ven afectados por esta competencia desleal que ha encontrado su herramienta de promoción ideal en los buscadores de internet. No hay más que echar un vistazo a esas web para comprobar hasta qué punto tienen presencia los alojamientos clandestinos: un lunes, la búsqueda de establecimientos en Granada puede dar más de 700 resultados, mientras que al viernes siguiente, una vez que se han reservado esos apartamentos o habitaciones, apenas hay 50 negocios disponibles.

El presidente de los hosteleros asegura que la intención de la Federación no es acabar con esa oferta, sino sumarla a la planta reglada de la provincia. "Queremos invitarlos a que se sumen a las reglas del juego", aseguró Trinitario Betoret. En la misma línea, el presidente de la Asociación de Hospedaje, Gerardo Castilla, indicó que el objetivo de la mesa es dejar claro que "el que quiera dedicarse al turismo, tiene que regularse" y cumplir con las normas. "Los establecimientos que estamos abiertos hemos pasado por una de las legislaciones más duras del mundo, y ahora estamos pasando por uno de los peores momentos de nuestra historia".

Aunque a partir de la constitución de esta mesa se refuerce la labor de control, la Federación de Hostelería lleva años denunciando los posibles casos de competencia desleal a la administración autonómica, que es la encargada de inspeccionar y sancionar, si es necesario, a este tipo de establecimientos. A lo largo de 2013, en Granada se han levantado 14 expedientes sancionadores a alojamientos clandestinos, mientras que en el conjunto andaluz han sido 358 derivados de 5.400 actuaciones. El delegado de Turismo de la Junta de Andalucía, Manuel Morales, explicó que la inspección de la Junta investiga todas las denuncias que llegan desde la Federación y particulares, aunque reconoció que es necesario "reforzar" esta labor y, sobre todo, reformar la normativa para "estrechar al máximo la ambigüedad" legislativa, uno de los principales impedimentos para sancionar a este tipo de establecimientos, que se escudan en la LAU, que les permite el alquiler por días siempre y cuando no se promocionen como alojamientos turísticos.