El caso de los 'niños robados' llega a la Fiscalía con 261 denuncias

La Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir) pidió ayer a la Fiscalía General del Estado que abra una investigación para identificar a los responsables de una trama que actuó en toda España, sobre todo entre los años 50 a 60, dedicadas al robo y posterior venta de niños.

"Necesitamos que se abra una investigación con un criterio unificado en todas las fiscalías", aseguró el abogado de la asociación Enrique Vila Torres, quien entregó ayer en la sede de la Fiscalía General documentación sobre 261 casos de afectados de todas las comunidades autónomas, de los que en torno a cien pertenecen a Andalucía.

En Granada no hay una cifra cerrada de denuncias, si bien la asociación apuntó que la semana que viene manejarán datos exactos de la situación en la provincia, en la que existen varios casos que han salido a la luz pública. Y más que pueden salir. "Inicialmente los afectados se veían como casos únicos, tenían miedo a contar su caso porque se les tachaba de locos", explicaron ayer miembros de Anadir a este periódico, quienes insistieron en la necesidad de denunciar los casos a través de la asociación para poder iniciar la pertinente investigación.

En este sentido, explicaron que solicitarán a la Fiscalía la creación de un laboratorio de ADN a disposición de estas familias para poder cruzar los datos de los denunciantes, ya que la organización calcula que podrían haber 300.000 "niños robados" en España.

No obstante, el presidente de Anadir, Antonio Barroso, explicó ayer que se ha llegado a un acuerdo con una entidad privada para que puedan registrar su ADN los afectados que lo deseen "por un precio económico".

Junto al escrito en el que demandan la actuación del fiscal, la asociación entregó ayer en Madrid partidas de nacimiento falsificadas, pruebas de ADN de algunos afectados, declaraciones de padres que compraron a sus hijos y testimonios de enfermeras o enterradores que narran las irregularidades denunciadas.

"Entiendo que existía una red organizada que tenía capacidad económica, entre los captadores, los intermediarios de padres y las clínicas donde se facilitaban esos niños; evidentemente existía interconexión porque nunca los hijos robados acaban inscritos en las mismas ciudades en las que se robaban o nunca los padres eran de la misma ciudad donde se compraban", indicó el letrado.

Entre otros delitos considera que se podrían haber cometido, dependiendo de la época en que habrían ocurrido los hechos, suposición de parto y tráfico de niños -coger el niño a una mujer para dárselo a otra para que lo inscriba como propio- falsedad en documento público -falsificaciones de los registros civiles- coacciones y engaño a las madres biológicas.

Según el abogado, habría "un primer periodo, los años 40, cuando se cogieron niños de mujeres republicanas que estaban encarceladas, y otro, en la década de los 50, que se convierte en una trama mafiosa con una finalidad económica, en la que participan personas de izquierdas y de derechas y que dura hasta bien entrados los años 90".

Un centenar de afectados acompañaron ayer ayer al presidente y al abogado a la Fiscalía, portando pancartas y camisetas con lemas como "Si dudas de tu identidad, únete a nosotros, nos podemos ayudar", con la intención de que se sumen a esta causa todas las personas que han pasado por una situación similar.