La notificación del auto que cierra el caso Alhambra se hace esperar

Finalmente, por motivos que no han trascendido, ayer no se hizo público el auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 6 de la capital por el que se da por finalizada la investigación del caso Alhambra, abierta hace más de 8 años ante las presuntas irregularidades detectadas en la venta de entradas y control de accesos al recinto nazarí.

Fuentes próximas al caso consultadas por este diario indicaron que la resolución, que dejará la causa judicial en la fase de preparación del juicio oral, está ciertamente ya dictada, si bien no ha trascendido si se llegó ayer a dar traslado de la misma a alguna de las partes que hay personadas en el proceso o a ninguna.

Algunas defensas de los más de 70 imputados que figuran en el proceso confirmaron a Granada Hoy no haber recibido la resolución, por lo que todo apunta a que aún habrá que esperar un poco para conocer las conclusiones del magistrado que ha investigado el asunto.

El instructor de la causa ha sido el juez Miguel Ángel del Arco, titular del juzgado de Instrucción número 6 de la capital, y el mismo magistrado que investigó el caso Nevada o el caso Los Cármenes.

A lo largo de estos más de ocho años de investigación judicial, han sido varias las periciales que el órgano ha encargado, a fin de cifrar el posible perjuicio económico causado al Patronato de la Alhambra y el Generalife por el presunto fraude. En una de ellas, el perito contable Francisco Castillo calculó que ese perjuicio rondaría los 8 millones de euros.

Entre los imputados figuran numerosos trabajadores del monumento nazarí, así como algunos agentes de viajes, guías y empleados del BBVA, entidad que antes gestionaba la venta anticipada de entradas al recinto alhambreño.

El Patronato de la Alhambra también está personado en la causa, que ocupa decenas de tomos que están almacenados en varias estanterías del juzgado. Unos 60.000 folios integran el expediente de este caso, que por su volumen y repercusión se ha convertido en uno de los más importantes de la historia reciente de los tribunales de Granada.

Fue a finales de 2005 cuando la Policía Autonómica llevó a cabo varias detenciones relacionadas con el presunto fraude, del que los imputados siempre se han declarado inocentes.

Uno de los últimos informes aportados a la causa fue el realizado por la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la comunidad autónoma andaluza sobre el patrimonio de 18 de los imputados y su círculo familiar más cercano. Los resultados de esas indagaciones, encargadas por el magistrado en 2006, se hicieron públicos en julio del año pasado. En concreto, la Policía Autonómica analizó el patrimonio y los bienes de 54 personas (18 imputados, incluidas dos sociedades mercantiles en las que figuraban varios de ellos, y 36 familiares cercanos), y determinó que habría un capital no justificado que podría superar los 1,78 millones de euros, además de varios inmuebles y vehículos.