Tras décadas de polémica con las viviendas ilegales de la Vega consturidas en suelo rústico, se acerca el fin a esta problemática. Un ejemplo de ello esta en la Urbanización Canto Grande, donde se hallan diferentes inmuebles que se encuentran fuera de ordenación e incluso, a lo largo de los años, se ha acordado la paralización y el derribo del algunas de estas viviendas. Se trata de obras incompatibles con la ordenación urbanística existente, porque la calificación recogida en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para esta zona es la de suelo no urbanizable de Protección Agrícola a Regenerar.

Sin embargo, toda esta situación de irregularidad podría quedar atrás y se podría encontrar un marco legal para esos inmuebles fuera de ordenación con la entrada de la nueva la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista). Tras su aprobación en el Pleno del Parlamento el jueves 25 de noviembre con los votos de PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox a favor y con la abstención del PSOE-A, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó el pasado viernes esta Ley, conocida como Ley del Suelo, que entrará en vigor el día 23 de este mes y que contempla dar soluciones al actual suelo rústico no urbanizable.

La entrada en vigor supondrá que el nuevo marco jurídico en materia de ordenación del territorio y urbanismo de Andalucía será plenamente efectivo en los primeros días del próximo año. Los reglamentos de desarrollo, que están muy avanzados, se aprobarán en el plazo previsto en la ley de seis meses tras su aprobación, según la Junta.

La nueva ley plantea un nuevo modelo urbanístico que ayuda al desarrollo económico y a la creación de empleo en el conjunto de Andalucía, al tiempo que ofrece seguridad jurídica, evitando los problemas ocasionados por la anulación de los planes urbanísticos por los tribunales, además de eliminar la maraña normativa existente. Uno de los aspectos más aplaudidos por los Ayuntamientos es que agilizará la tramitación de los planes, reduciendo los plazos y la burocracia, al ampliar el uso de la declaración responsable y dar un nuevo tratamiento al silencio administrativo, de manera que el retraso o la inactividad de la Administración no paralice su tramitación.

Igualmente, el punto de la Lista más seguido y compartido por los Entes locales y sus representantes es que, según el gobierno andaluz, la nueva Ley abre posibilidades a los municipios pequeños y a la Andalucía rural. Una de sus novedades más importantes es la regulación del suelo rústico, que permitirá la construcción de viviendas unifamiliares aisladas en suelo rural siempre respetando el medio ambiente y favoreciendo la lucha contra la despoblación.

En este aspecto es donde se podrían legalizar las viviendas que existen en la Urbanización Canto Granada, también conocida como Caballo Blanco. El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, Miguel Ángel Fernández Madrid, señala a Granada Hoy que la Lista “es la nueva normativa urbanística y es el camino que se ha planteado como solucionador a muchos de los problemas que tenemos ahora mismo, pero que tenemos que andarlo, para ver si verdaderamente se trata de un camino sin obstáculos”.

Madrid indica que “en Granada uno de los grandes cambios será la nueva estructura de nuestro vigente PGOU ahora en revisión, dado que con la Lista nos encontramos con dos instrumentos: el Plan General de Ordenación Municipal y los Planes de Ordenación Urbana y tenemos que redirigir nuestra revisión a estos instrumentos, algo que teníamos contemplado y que nos hará ver si realmente se acortan plazos o no por parte de la Junta”.

Por otro lado, el edil de Urbanismo apunta hasta la regularización del Caballo Blanco y comenta que la Lista “tiene visos de poder dar alguna solución a zonas de población en suelo no urbanizable, como es la Urbanización Canto Grande”.

Otro de los aspectos que Madrid destaca es que “es una ley supeditada a un desarrollo reglamentario, por tanto, es necesario la aprobación de los reglamentos lo antes posible, porque si no tendremos una ley del siglo XXI, con unos reglamentos del año 1978, algo que puede ser de difícil desarrollo”.

Además, “también está por ver la influencia en los planes de protección en el conjunto histórico”, puesto que “la ley de patrimonio histórico es de 2007 y supedita la aprobación del PEPRI Albaicín a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, lo cual puede redundar en que los plazos no se acorten”.

Desde Granada Hoy hemos querido conocer cómo esta Ley es recibida entre los municipios del área metropolitana. El alcalde de Albolote, Salustiano Ureña, apunta la agilidad en todos los trámites y no tardar 10 años en realizar un PGOU, sino dos años, lo que da seguridad a los promotores”. Ureña también señalada la “autonomía local que nos brinda la ley a los ayuntamientos a la hora de diseñar el pueblo que queremos de cara al futuro” y coincide en que “nosotros, al tener un término municipal tan grande, con 79 kms cuadrados de suelo rústico, el tratamiento que se le da al suelo rústico en esta ocasión es muy interesante”.

Por su parte, el concejal de Urbanismo de Ogíjares, Alberto Reinoso, apunta que “la nueva Ley recorta mucho los plazos burocráticos, recorta también el tema de los informes de las distintas administraciones, que solían paralizar más lo planes generales, y le da más autonomía a los ayuntamientos, que son los que mejor conocen el urbanismo local, porque saben cómo están configurados los barrios, los servicios…”. Por otra parte, está “la capacidad y la potestad de resolver determinadas situaciones urbanísticas complejas, lo que hace que las soluciones sean más inmediatas”.

La concejal de Urbanismo de Maracena, Berta Linares, se muestra cauta y comenta que “es una Ley que estamos estudiando con nuestros técnicos y tienen muchos aspectos que valorar y que estudiar, porque hay nuevas clasificaciones del suelo: se suprime la categoría de urbanizable, desaparecen las categorías del urbano consolidado y no consolidado, pero sí es cierto que tenemos alguna inquietud respeto a la regulación del suelo rústico que se le quiere dar”, aunque “vemos bien el tema de la agilización administrativa que se le ha querido dar”.

La alcaldesa de Las Gabias, María Merinda Sádaba, sostiene que “va a suponer un antes y un después para nuestra ciudad”, puesto que “nos va a permitir trabajar en la elaboración y aprobación de un PGOU que no solo ponga fin a la materialización de convenios urbanísticos que nos llegan en el día a día con sentencias judiciales, sino que también podamos trabajar para avanzar en el desarrollo de Las Gabias como ciudad, haciéndola más sostenible, urbana y que mejore la calidad de vida de todos los vecinos del municipio”.

La concejal de Urbanismo de Húetor Vega, Susana Megías, denuncia que “Huétor Vega fue uno de los municipios que, después de estar desarrollando un nuevo PGOU desde 2011, no logró la aprobación definitiva del plan cuando llegó a 2019”. Además, Megías explica que “esta ley es mucho más municipalista y da respuesta al problema que los municipios veníamos sufriendo, delimitando así también las competencias que son de la Junta de Andalucía y de los ayuntamientos”.