La nueva norma obligará a retirar más de 64.000 escopetas y rifles en la provincia

Polémica desde su nacimiento, la reforma de la normativa sobre armas tiene en vilo a los aficionados a la caza, un sector que en la provincia de Granada cuenta con más de 17.000 aficionados y que se muestra preocupado por los cambios que, si llegan a aprobarse, podrían suponer la retirada de la circulación de unas 64.000 armas de fuego, según las estimaciones ofrecidas por la propia Federación Granadina de Caza, que agrupa a unos 15.200 cazadores, aunque son muchos más los granadinos que tienen algún tipo de licencia para emplear armas, unos 46.000.

Entre las modificaciones que contempla el borrador -que sigue con su tramitación tras la conclusión de la fase de alegaciones- el Ministerio del Interior plantea ilegalizar las armas semiautomáticas con capacidad para tres cartuchos, limitando el tope en sólo dos. Según explica el secretario de la Federación Granadina de Caza, Abelardo Villafranca, esta restricción podría suponer la ilegalización del 80% de las armas que hay en la provincia, lo que podría significar la retirada de la circulación de más de 64.000. Según datos ofrecidos por la Intervención de Armas de la Guardia Civil, en Granada hay registradas 80.175 escopetas más 5.319 armas largas para caza mayor.

Las paralelas y superpuestas sí serían legales si llega a aprobarse la norma, ya que "sólo les entran dos cartuchos", explica Villafranca, son minoría entre los cazadores por razones prácticas. "Es más cómodo tener tres cartuchos que dos", arguye.

Según la Federación, la mayoría de sus socios tienen armas repetidoras, como ya se ha comentado, con capacidad para tres cartuchos y con la particularidad de que son "más fiables y ágiles" para su empleo en la actividad cinegética, lo que las hace muy preciadas para su uso en el campo. El problema, asevera Villafranca, de su ilegalidad se agrava por cuanto que "según el reglamento vigente, nadie puede modificar un arma", lo que obligaría a los propietarios de esas escopetas y rifles a prescindir de las mismas, ya que no sería posible, según explica, modificar "las características que vienen de fábrica" para adaptarlas a la nueva legislación o, si es posible su adaptación, conllevaría una serie de gastos que correrían a cargo del propietario.

A esto se une el hecho del coste que tienen las armas repetidoras, superior al de las que sólo pueden cargar dos cartuchos. "No tiene sentido tener una repetidora con dos cartuchos, porque un arma de esas características puede costar unos mil euros, mientras que una paralela o superpuesta cuesta unos 800 euros", subraya Villafranca.

Otro de los aspectos que más críticas ha provocado es el artículo 110, que prevé la limitación a ocho del número de rifles que se pueden poseer, cuando hasta ahora no había límite, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil. Este tope podría perjudicar, por ejemplo, a coleccionistas de armas. Tal es la indignación que ha causado el texto -hecho público el pasado mes de diciembre y que puede consultarse en la página web del Ministerio del Interior -, que se decidió ampliar en 20 días el plazo de alegaciones al mismo hasta el pasado 22 de enero. Ahora, la pelota está en el tejado de la Administración.

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