Casi al mismo tiempo que García Arrabal y el Banco Popular (su sociedad de capital riesgo) cerraron la operación de venta de su empresa, propietaria del Serrallo y otros activos importantes en Granada, la entidad bancaria participó en una operación que se puede considerar gemela y que consistió en la venta de los activos inmobiliarios del complejo Marina d'Or en Oropesa (Castellón).

Aunque las empresas de la conocida construcción vacacional traspasaron ese patrimonio en 2014, hasta el año pasado no se hizo pública esta operación denunciada por la Sareb (el 'banco malo' del Estado), que era acreedor de esas sociedades en las que también participaba el Banco Popular.

Según ha publicado El Confidencial (uno de los medios del Consorcio Internacional de Periodistas), la filial inmobiliaria de la malograda entidad bancaria y el empresario Jesús Ger vendieron en 2014 (primera coincidencia con Granada) la mayor parte de los activos de la empresa a dos sociedades constituidas a propósito en Luxemburgo, Ecol Investments y Trans Investments, con domicilio social en rue Heinrich Heine, 6. Es la misma dirección de las dos empresas creadas para comprar los activos de Granada.

Al igual que en ellas, en las firmas que adquirieron Marina d'Or figura como único administrador René Faltz, el mismo abogado experto en creación de estructuras societarias offshore que lidera el despacho luxemburgués Cabinet d'Avocats Faltz & Felgen. También interviene, según el Registro de ese país, la sociedad Server Group Europe, la consultora financiera controlada por el propio bufete de abogados y que aparece vinculada a decenas de empresas de los papeles de Panamá.

Del mismo modo que ha sucedido en Granada con Taler Real Estate, después de la compra por parte de las empresas de Luxemburgo, a comienzos de 2015 aterrizaron en la sociedad de Marina d'Or (Platja Amplaries SL) el administrador Santiago Burgaleta García-Mansilla y los mismos apoderados de la inmobiliaria granadina, según los datos publicados en el Boletín del Registro Mercantil Español.

En el caso de Castellón, según la información publicada, la Sociedad de Activos Procedentes de Reestructuración Bancaria (Sareb), que mantenía por entonces 80 millones de deuda con la empresa de Marina d'Or, presentó una demanda en la que sostenía que casi 180 millones de euros salieron de la sociedad concursada de forma irregular.