La Junta de Andalucía hizo un negocio muy poco lucrativo en 2014, al vender tres edificios de su propiedad en Granada, dentro de un paquete de 70 inmuebles en toda Andalucía. Recibió por sus sedes en esta capital 20,6 millones de euros, pero mantiene allí sus oficinas, de ahí que tenga que pagar un alquiler anual de 1,6 millones de euros. Por tanto, en menos de 13 años desde la venta (ya han pasado dos), la Administración autonómica habrá devuelto al comprador todo lo recibido por la venta y empezará a costarle dinero mantenerse en unos espacios que ya no son suyos.

Este alquiler, que se negoció junto con la venta, es por 20 años, de modo que la operación resultará deficitaria para la Junta al menos durante los últimos 7 años. Está por ver qué hace la Administración autonómica transcurrido ese tiempo, aunque la Cámara de Cuentas revela en un informe reciente que la Junta tiene intención de no continuar ocupando esas sedes una vez que finalice el contrato.

Un error contable en el edificio de Avenida del Sur agrega un déficit de 81 millones a la venta

Esta operación fue negociada por la Junta de Andalucía con un fondo estadounidense (WP Carey) a finales de 2014. El importe total de la venta de los 70 edificios fue de 300 millones de euros. Pero la Cámara de Cuentas acaba de hacer público un informe en el que revela que este acuerdo, conocido en el ámbito financiero como Sale & Leaseback, generará una pérdida acumulada de 131,7 millones de euros para el Gobierno andaluz a lo largo del periodo de vigencia del contrato.

Eso sí, el órgano fiscalizador admite que la operación cumplió la función requerida en el momento de dar liquidez a la Junta de Andalucía, si bien no contribuyó a aliviar la deuda de esta Comunidad Autónoma.

En Granada se incluyeron tres edificios en el lote global, algunos de los más emblemáticos, como el palacete del Paseo de la Bomba, que es la sede de la Delegación de Cultura. Su precio de venta fue de 2,6 millones de euros, lo que supuso un saldo positivo para las arcas públicas, pues el valor neto contable del inmueble estaba fijado en 1,5 millones de euros.

El inmueble granadino que reportó más liquidez a la Junta de Andalucía fue el de la calle Tablas, donde está la sede de Hacienda. Se fijó el precio en 9 millones de euros, frente a los 8,4 millones de la valoración. No obstante, la Cámara de Cuentas también introduce los valores últimos aparecidos en el Inventario General de Bienes y Derechos de la Junta, donde este edificio se cuatificaba en 11,9 millones de euros.

Las propiedades fueron objeto de una tasación especial para este proceso de venta, lo que se tuvo en cuenta en la valoración final de cara a la venta.

Y el tercero de los edificios vendidos en Granada, el de Avenida del Sur (Delegación de Salud, junto a la Caleta), tiene unas circunstancias muy especiales, pues es el culpable de que la pérdida patrimonial de la Junta con esta operación en toda Andalucía se haya incrementado en 81,4 millones de euros. Sobre el papel, este edificio tenía un valor neto contable de 90,7 millones de euros y fue vendido por 8,9 millones de euros, de ahí la abultada diferencia negativa para las cuentas públicas.

Pero precisamente ha sido la Cámara de Cuentas, al elaborar su informe sobre la operación, la que ha alertado de que hay un "error material" en la valoración de este edificio de Granada. Si se descontara esa cantidad errónea, la pérdida neta patrimonial de la Junta con el conjunto de la venta pasaría de los 112 millones computados a 30,9 millones de euros.

Según los datos rectificados que aporta este órgano de consulta y fiscalización, el edificio de Avenida del Sur no tendría un valor de 90 millones, sino de 9,2; de modo que su venta por 8,9 millones sólo sería deficitaria en 337.386 euros, frente a los 81 que aparecen reflejados.

El informe no abunda más sobre el motivo de que se haya producido ese fallo pero sí "insta" a la Junta a que ese "error contable sea subsanado y se informe de ello en la memoria de la Cuenta General del ejercicio".

Los reparos que la Cámara de Cuentas pone a esta operación de la Junta de Andalucía se basan en el precio de adjudicación, que se considera demasiado bajo: 77 millones menos de lo que estiman que hubiera sido necesario para compensar los flujos de caja estimados en el periodo del alquiler.

En Granada, los 709.000, 702.000 y 210.000 que ha de pagar la Junta cada año por seguir utilizando cada uno de esos tres edificios que ya han sido vendidos estarían cubiertos por los 20,6 millones pagados por el comprador hasta 12,7 años (salvo leves variaciones por el ajuste del alquiler al IPC) desde que se firmó la operación en 2014. A partir de 2027 y hasta 2034 (fin del contrato), el uso de esas oficinas le costará el dinero.