"Nadie va a perder el curso como consecuencia de la crisis sanitaria"

La alerta sanitaria internacional por coronavirus -declarada por la Organización Mundial de la Salud- ha puesto a cada país afectado ante el espejo, marcando con meridiana claridad sus debilidades y sus fortalezas. Vaya por adelantado el reconocimiento a nuestro personal sanitario, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, y en general a todos los colectivos y sectores laborales cuyos trabajadores arriesgan su propia salud en el desempeño profesional necesario para evitar el colapso absoluto del país. Por su comportamiento ejemplar, estos colectivos han quedado identificados merecidamente como el músculo de nuestro mecanismo de defensa ante la pandemia de este tipo y su capacidad de acción, como una medida de la fortaleza de nuestra sociedad.

En otros ámbitos laborales, los profesionales también se han visto forzados, por esta desgraciada crisis, a dar la talla asumiendo retos que, si bien son de distinta naturaleza que los anteriores, también afectarán considerablemente al balance final resultante de este periodo de confinamiento, cuya finalización todavía no se vislumbra. Me refiero a las y los docentes de todos los niveles académicos y, en particular, al profesorado universitario.

El titular del comunicado del ministro de Universidades Manuel Castell sobre la Conferencia General de Política Universitaria, celebrada el 2 de abril, es inequívoco: “Nadie va a perder el curso como consecuencia de la crisis sanitaria”. Fundamenta el ministro su afirmación en el hecho de que “el sistema universitario español en su conjunto ha mostrado su solidez, su calidad y su flexibilidad en las diferentes respuestas que desde cada Universidad se han ido dando para mantener la actividad universitaria sin pérdida de calidad”. Si bien son muchos los problemas colaterales aún sin resolver -como el de las prácticas en los grados que tienen un alto carácter experimental o la adaptación al modo no presencial de los sistemas tradicionales de evaluación-, son muchos los logros ya conseguidos en la virtualización de la docencia. De hecho, la adaptación curricular al entorno de la “teledocencia” acometida por la mayor parte de nuestro profesorado ha sido ejemplar. Se ha realizado en un tiempo mínimo, lo que ha permitido amortiguar de manera extraordinaria el impacto académico del confinamiento, al impartirse por nuevos medios una docencia de calidad dentro del calendario académico.

La RAE, en su primera acepción, define el término “crisis” como “cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación”. La crisis sanitaria actual, que obviamente cristaliza en una situación de desgracia que todos habríamos deseado impedir pero que ya es un hecho consumado, nos invita también a señalar aquellos cambios profundos que son positivos para nuestra sociedad con el fin de avanzar en ellos y afianzarlos. Desde esta perspectiva, podríamos adelantar que el desempeño docente se verá beneficiado de todo lo que se ha aprendido y se aprenderá en este semestre, que ha sido mucho más de lo imaginado. La enseñanza ya no volverá a ser como era y todo apunta a pensar que, cuando las condiciones de base sean las razonables, el sistema docente mejorará puesto que se explorarán con mucho más interés las extraordinarias posibilidades que nos brindan las nuevas tecnologías. También se mejorarán y actualizarán muchos paradigmas al respecto. Por ejemplo, los nuevos métodos de evaluación abrirán una reflexión interesante sobre la diferencia entre adquirir conocimientos y desarrollar destrezas que den respuesta satisfactoria a situaciones complejas concretas.

En una sociedad moderna y altamente tecnológica, el conocimiento es lo que determina en gran medida el grado de desarrollo de un país, y en consecuencia, lo que condiciona la calidad de vida de su ciudadanía. Por tanto, es evidente que en un país como el nuestro hemos de apostar por él. Esto, en España, requiere ir más allá del discurso vacuo que niega intencionadamente el hecho de que el porcentaje de PIB que hemos dedicado a este fin ha disminuido paulatinamente en los últimos años y nos hemos alejado de la inversión en I+D realizada por los países de nuestro entorno. Investigación y universidad van y deben ir de la mano por el bien de la generación y transmisión del conocimiento en pro del interés social exento de fines especulativos. A pesar de la merma científica y tecnológica que ha sufrido nuestro potencial en I+D como consecuencia de la gestión política realizada con motivo de la crisis del 2008, hay datos suficientes para concluir que tenemos un I+D fuerte por el que merece la pena luchar. Por la capacidad de nuestros equipos de investigación y el estado de las investigaciones de algunos de ellos, el ministro de Ciencia Pedro Duque confía en que “antes del final de abril tengamos un primer candidato a vacuna del coronavirus” destacando “las posibilidades de que la vacuna se descubra en nuestro país”, añadiendo que “los recortes en los presupuestos dedicados a Ciencia y tecnología han dificultado que esta vacuna pudiese llegar antes”. Es un compromiso de legislatura del actual Gobierno de España asegurar un aumento gradual de la Inversión en I+D hasta situarla al menos en un 2% del PIB en la próxima década. Este Gobierno, al inicio mismo de su andadura, ha tenido que afrontar la mayor crisis sanitaria y socioeconómica vivida en democracia, por lo que su acción política se ha de desarrollar ineludiblemente en el marco de una recesión socioeconómica de envergadura mundial y de dimensiones todavía desconocidas.

En definitiva, la crisis sanitaria mundial que estamos viviendo evidencia que la fortaleza científica de los estados es el mayor aval que tiene la ciudadanía para superar una recesión de esta naturaleza. Por tanto, es imprescindible que el peso de nuestro I+D resida en nuestras instituciones públicas y en concreto en nuestras universidades públicas. Este hecho no debería de cuestionarse más a estas alturas. Por tanto, no sobran universidades públicas y desviar hacia el negocio privado bienes tan esenciales como la educación, la sanidad o la investigación, ya sea por dejadez involuntaria, o aún peor por acciones interesadas, más allá de ser un error político de bulto, constituye un atentado contra la dignidad de la ciudadanía en su conjunto. En consecuencia, debiéramos analizar con responsabilidad las líneas maestras de las políticas adoptadas en España en materia de educación, sanidad e investigación, en los últimos años con el firme propósito de fortalecerlas en la mayor medida posible. Es perentorio hacerlo por el bien de todos y por nuestra seguridad en el amplio sentido de la palabra, ya que redundaría por añadidura en una mayor cohesión social y en una mejora de nuestro estado de bienestar.