Son noticias que cada vez se ven con más frecuencia: el ayuntamiento de tal pueblo no puede afrontar la nómina mensual de sus trabajadores porque sus maltrechas arcas no se lo permiten. Y si no pueden pagar ni a sus empleados, menos aún a las empresas concesionarias, a las que adeudan cantidades millonarias. La situacion es de asfixia y no se vislumbra una solución a corto plazo.

¿Pero es general esta situación? Pues no, hay pueblos afortunados. Son los que tienen un embalse, una planta solar o eólica, un puerto o un aeropuerto. Todos ellos son considerados Bien Inmueble de Características Especiales (BICE) y las administraciones de los que dependen -Gobierno o Junta de Andalucía- pagan una tasa anual.

En la mayoría de los casos, es una especie de IBI especial por el que se quiere compensar al municipio por la ocupación de su territorio. Los hay de cuatro tipos: los del grupo A gravan las instalaciones de electricidad, gas, energía nuclear y petróleo; los del B, las presas; los del C, las autopistas; y los del D, los aeropuertos y puertos.

En otros casos, el dinero llega por medio de convenios extraordinarios como el que el Ayuntamiento de Motril firmó con la empresa Secicar para que instalara bidones de carburantes en la Zona de Actividades Logísticas del Puerto. A cambio de eso, el Consistorio recibe 35.000 euros anuales.

"Aquí al ciudadano se le cobra una tasa del 0,4% por el IBI, pero al pantano, desde que Hacienda hizo una revisión catastral en 2007, le aplicamos el tipo máximo, el 1,3%", explica José Antonio Robles, alcalde de Güéjar Sierra (PP), en cuyo término está el embalse de Canales. Esa circunstancia le reporta al Ayuntamiento 1.128.000 euros al año, que procede de la Junta y que el alcalde reconoce que es "un pellizco importante" que les permite "disponer de más de 900.000 euros en la cuenta municipal, tener al día a los proveedores...".

No es la única entidad que paga a Güéjar Sierra, que desde este año se ha visto beneficiada por otra circunstancia: también está gravado el dominio público de las grandes compañías (Endesa o Telefónica, por citar dos) que no suministran energía al municipio pero cuyos cables o conducciones discurren por él. Así ha logrado otros 462.000 euros.

Otras localidades que tienen en sus cercanos pantanos un tesoro son Zújar, que recibe 141.000 euros anuales por la proximidad del Negratín; Loja, perceptora de 84.628 por el de Iznájar -y otros 150.000 por los parques eólicos y fotovoltaicos que alberga su municipio-; Arenas del Rey, que obtiene 100.000 por el BICE que paga el pantano de Los Bermejales; Lanjarón, que cobra 158.508 por la presa de Rules; Vélez de Benaudalla, que recauda 120.000 por el mismo embalse, y, en el caso que más llama la atención, La Peza, que anualmente ingresa 294.500 euros por la presa Francisco Abellán.

La cantidad es significativa porque La Peza es un municipio de apenas 1.500 habitantes. Su alcaldesa, Celia Santiago (PP), no oculta que es "una inyección de vida" y que el pueblo está notando "muchísimo" ese ingreso, que comenzó a percibir en 2006.

"Si no fuera por eso, no podríamos percibir una subvención en la que te exigen aportar un 30 o un 40%. Es una cantidad que se multiplica por veinte porque te permite recibir subvenciones de otros organismos que exigen aportaciones municipales", detalla.

Tampoco es desdeñable lo que percibe Darro por la planta solar que hay en su municipio, que produce nueve megavatios y factura entre cinco y seis millones de euros al año. De esa cantidad, el 10% va a las arcas municipales. La de Darro es la mayor planta fotovoltaica de la provincia, pero no la única; también las hay en Pedro Martínez, Escúzar, Galera, Cúllar, Alcudia o Las Gabias, que también cobran por ellas. En el caso de Las Gabias, 30.000 euros, aunque esa cantidad todavía no ha sido liquidada.

En cuanto a las centrales eólicas, el ayuntamiento más afortunado es probablemente el de Ferreira, que tiene 300 habitantes y recibe unos 50.000 euros anuales por las dos centrales que se ubican en su término, y que también producen energía en Dólar y Huéneja. El alcalde de Ferreira, Antonio Fornieles (PSOE) resalta que es una inversión muy productiva y hace hincapié en un dato curioso: la fábrica eólica no ha llegado aún a producir y a tener ventas, pero aun así ya llega el aporte económico.

Lanjarón es otra de las poblaciones que cobra por tener molinos de viento -22.307 euros anuales-, una cantidad muy inferior a la que se lleva Chauchina, gobernado por IU, por ese llamado BICE que en su caso le llega por tener a dos pasos el Aeropuerto Federico García Lorca. Son 260.000 euros al año. No es poca cosa.