El juez paraliza por tercera vez el polémico desahucio de la familia de Deifontes
El Juzgado ha fijado el 7 de febrero como la nueva fecha para realizar la expropiación
La familia de Deifontes que, por tercera vez, tenía una orden de desahucio podrá quedarse en su vivienda, al menos hasta los primeros días del próximo mes de febrero. El Juzgado de Primera Instancia Número 14 de Granada suspendió ayer por tercera vez el desahucio previsto para un matrimonio, su hija y su nieto menor de edad de una vivienda de Deifontes (Granada) que están negociando para recomprar su casa.
Tras conocerse esta nueva notificación, el portavoz de Stop Desahucios Granada, Antonio Marruecos, explicó que el juzgado ha retrasado el lanzamiento de la vivienda de la familia afectada, previsto para las once de la mañana de ayer, aunque lo ha vuelto a fijar para el próximo 7 de febrero, a la misma hora.
La familia afectada, que cuenta con un nieto menor que también habita la vivienda, mantiene desde hace meses una negociación con el banco para recomprar la casa con el apoyo del alcalde de Deifontes, Francisco Abril.
La vivienda está ubicada en la calle Fundición 2 y el desahucio lo promueve el banco portugués Primus, que se quedó con la propiedad por una ejecución hipotecaria.
El matrimonio, su hija y el menor volvieron a recibir ayer el apoyo de activistas de Stop Desahucios Granada, que al igual que en las dos ocasiones anteriores, se trasladaron a la vivienda para impedir el lanzamiento retrasado por el juzgado encargado de la causa.
Este apoyo se suma al del alcalde de Deifontes, que el pasado diciembre publicó un bando para pedir a los vecinos que respalden a la familia y muestren su oposición a este tipo de desahucios.
Marruecos explicó que este nuevo plazo permitirá que los afectados continúen con su negociación con el banco para recomprar su vivienda por 85.000 euros, un trámite para el que buscan financiación con otra entidad bancaria.
La entidad, con sede en Portugal, ya se quedó la propiedad por impagos y por la devolución algunas de las cuotas que el matrimonio ejecutó desde Caja Rural y que argumentó exponiendo que desconocía la titularidad de la cuenta.
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