A veces al Estado también le toca 'la lotería', pues es difícil calificar de otra manera la suerte de que una sentencia judicial determine que adquiere la titularidad de una finca de 500 metros que estaba valorada en unos 18.000 euros y que ahora lo está en 2 millones.La historia se remonta a hace medio siglo. El edificio situado en el número 7 de Callejón de Arenas fue construido en 1967, conservando en la actualidad su estructura y diseño original, tal y como fue proyectado. Desde entonces, la pared que linda con el solar propiedad del Estado presenta una fachada con balcones y ventanas orientados hacia la ribera del río Genil que le proporcionan luces y vistas a los pisos y locales afectados.

La construcción originaria del edificio y, en concreto, de la pared colindante con el solar en cuestión se debe a que la parcela propiedad del Estado estaba calificada como "no edificable a efectos de asignación de aprovechamiento", tal y como se recoge en el PGOU de Granada de 1985 y en la linde de las escrituras de cada uno de los pisos. En concreto, refleja que en dicha orientación lindaría tan sólo con el río Genil, según el certificado urbanístico que emite la Dirección de la Unidad Técnica de Información Urbanística el 10 de marzo de 1994, a petición de la Comunidad de Propietarios, y que estos últimos muestran.

El Estado se ha encontrado de rebote con una recalificación urbanística

Sin embargo, tras la revisión urbanística y sin tener conocimiento los afectados, se calificó urbanísticamente el solar en cuestión como urbano consolidado de tipo residencial plurifamiliar."Dicha modificación tiene lugar decenas de años después de que los inmuebles de la comunidad de propietarios que colindan con esta parcela vengan disfrutando de luces y vistas de manera continua, siendo éste un derecho consolidado por ser el proyecto original y porque en el momento de la construcción del edificio así se consideró con la calificación de no urbanizable de la parcela colindante", señalan los vecinos.

La propiedad de la parcela en cuestión en un primer momento fue asociada a la comunidad de propietarios, que en un momento determinado incluso obtuvieron un permiso por parte del Ayuntamiento para custodiar y conservar una finca que no tendría aprovechamiento urbanístico. Cuál fue la sorpresa, cuando los vecinos detectaron que había alguien que intentó apropiarse de la misma con escrituras de una supuesta compraventa que se demostró falsa. Fueron los vecinos quienes denunciaron al propietario que a su vez al parecer fue quien promovió el cambio del uso del suelo y quien 'compró' una parcela por aproximadamente 18.000 euros según esas escrituras falsas y obtuvo un solar a posteriori con un cambio urbanístico cuyo valor superaba los 2 millones de euros. Allí se podían construir hasta 6 plantas.

La denuncia interpuesta por los vecinos prosperó y el juzgado le dio la razón a los vecinos y declaró la compraventa falsa. Posteriormente, el constructor recurrió y, finalmente, la Audiencia Provincial determinó que el Estado sería el propietario de dicha parcela. Así, se encontró 'de rebote' con una recalificación urbanística, sobre la que sospecha la sombra de una especulación urbanística.