"Nunca pensé que me iba a pasar a mí"

La crisis para muchos es un temporal, una tremenda borrasca que afecta a todos los ámbitos de la vida. Para otros, es directamente un tsunami que les ha engullido. Es el caso de Teresa Lechuga, la mujer que en la mañana de ayer estuvo a punto de ser desahuciada por no pagar a su casero las mensualidades del alquiler del piso en el que vive junto con su hijo de 13 años, en la calle Bernarda Alba del barrio del Zaidín. Teresa, sin poder contener las lágrimas, insistió en que ella quiere pagar y ser "una persona normal" mientras un centenar de personas se concentraba frente a su casa para corear consignas y frenar la orden judicial de desalojo, siempre bajo la vigilancia policial. A mediodía se personó el personal del juzgado para ejecutar la orden, que finalmente no pudo llevarse a cabo. "Lo había visto en los medios pero nunca pensé que me iba a pasar a mí", relató visiblemente emocionada.

El drama de Teresa arrancó el pasado verano, cuando la empresa en la que trabajaba, Armisad -dedicada a servicios de dependencia-, dejó de pagarle la nómina. Ella dejó de cobrar, fue despedida y dejó también de pagar las mensualidades. "Yo quiero pagar, pero si a mí no me pagan, no puedo", relató. Según sus cálculos, Armisad le debe unos 3.000 euros de seis nóminas, mientras que ella le adeuda a su casero -que es también su vecino- unas seis mensualidades, a razón de 450 euros por mes, unos 2.700 euros. Tan crítica es su situación que ya no dispone de agua corriente en el piso, por lo que tiene que apañarse con garrafas y la ayuda de familiares.

Denuncia que se ha visto abocada a esta situación por los incumplimientos de otros. Así, a la deuda que Armisad mantiene con ella se suma el que la nueva concesionaria del servicio municipal de dependencia, Jabalcruz, no le ha abonado el dinero que le corresponde por despido improcedente, unos 500 euros. Según Stop Desahucios, le falta un mes para poder cobrar la prestación por desempleo.

Alega que no tiene ningún tipo de ingreso, salvo lo que gana por echar unas horas como empleada del hogar, y que ha tocado a todas las puertas, sin éxito. "En Servicios Sociales me dicen que la ayuda tarda seis meses". Demasiado tiempo para esta mujer, que asegura sentirse "estafada" por la inmobiliaria que contrató para encontrar un piso de alquiler y a la que abonó 300 euros. Desde esta agencia le ofrecieron gestionar una ayuda de la Junta, por la que la cuantía del alquiler se quedaría reducida a la mitad. Después de varios meses sin recibir ningún tipo de prestación, indagó y descubrió que esas ayudas habían desaparecido en 2010, un año antes de que ella firmara el contrato de alquiler. La mujer aseguró que ya ha denunciado estos hechos ante la Policía y Consumo de la Junta.

Antes de entrar a vivir en ese inmueble entregó al casero 3.000 euros, ya que, según Teresa, era un contrato de alquiler con derecho a compra. Al verse en la situación de no poder pagar, pidió a su casero que se cobrara de ese depósito, algo a lo que, según la mujer, éste no accedió.

Fue denunciada y la pasada semana recibió la orden judicial de desahucio. "El sábado mandé un mensaje de SOS y el domingo me respondieron" los miembros del colectivo Stop Desahucios. Antes de conseguir paralizar la orden de desalojo, el pasado lunes se personó junto a dos miembros del colectivo para intentar hablar con el secretario judicial del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Granada. "Fue un hombre muy frío, me dijo que esto iba para delante", criticó Teresa, que insistió que todo esto "no es justo, no es justo". "No voy a terminar en el barro porque tengo un hijo", aseguró.