Más de 12.000 personas sin recursos se benefician del salario social de la Junta

La Junta de Andalucía, a través de la Delegación de Igualdad, Salud y Políticas Social, ha destinado hasta noviembre un total de 9,65 millones de euros a familias sin recursos económicos de la provincia. Lo ha hecho a través del Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad, más conocido como Salario Social, que permite a 4.048 familias, (con tres miembros de media por familia, aproximadamente un total de 12.140 personas) percibir el Ingreso Mínimo de Solidaridad durante seis meses.

Estos datos fueron presentados ayer por el delegado de Salud de la Junta en Granada, Higinio Almagro, al término de la Comisión de Valoración celebrada en la sede de la Delegación e integrada por miembros de los sindicatos, empresariado, Diputación y diversas áreas de la Junta de Andalucía.

Almagro destacó el "gran esfuerzo y compromiso del Gobierno andaluz, por mantener políticas sociales, a la vez que favorece la empleabilidad y la búsqueda activa de empleo de los colectivos más vulnerables de la provincia".

El Ingreso Mínimo de Solidaridad es una prestación destinada a garantizar la inserción social de aquellas personas y unidades familiares que por carecer de recursos económicos suficientes no puedan atender sus necesidades básicas. La cuantía es equivalente al 62% del SMI actual, para personas individuales, más un complemento del 8% del SMI aplicable por cada miembro de la unidad familiar. Ésta ayuda tiene una duración de 6 meses no prorrogables. El cobro de la ayuda lleva aparejado el apoyo personal y la atención individualizada, por parte de los Servicios Sociales, en función de las necesidades del beneficiario y de su familia, así como el compromiso por parte del mismo de participar en las actividades definidas como necesarias para su inserción social, y aquellos otros que se exigen a los integrantes de las Unidades Familiares para poder ser beneficiario de ésta ayuda.

La comisión es también la encargada de aprobar los diferentes compromisos de inserción que deben cumplir los beneficiarios relativos por ejemplo a escolarización y asistencia regular a clase, a cursos o control sanitario familiar.