La Fiscalía de Granada ha solicitado dos años y tres meses de cárcel para cuatro acusados de estafar a un joven al que vendieron participaciones de una empresa aparentando que gestionaba un bar de copas, ubicado en un local que no era suyo y del que tenían una orden de desahucio.

Según el escrito provisional de acusación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Efe, los hechos se remontan a 2008 cuando el principal acusado, Douglas Marcel P.M., alquiló un local en la calle Doctor Olóriz de Granada, en el entorno de la Plaza de Toros.

En ese local mantuvo un bar con licencias de comida y copas hasta que, en mayo de 2012, el dueño del local formalizó una denuncia por impago y una reclamación de cuotas que gestionó el Juzgado de Primera Instancia 14 de Granada.

Este juzgado ordenó en junio de ese mismo año el lanzamiento del acusado del local por las deudas y el impago del alquiler, aunque antes de abandonar el negocio diseñó un plan junto a los también acusados Juan Julio D.S., Marcos U.C. y María del Carmen S.P..

De común acuerdo y con ánimo de lograr un beneficio ilícito, según la Fiscalía, los tres hombres actuaron para engañar al denunciante, un joven al que enseñaron el local y expusieron que se trataba de un bar de copas de éxito propiedad de la sociedad Sola Services, de la que era única dueña la acusada.

En ningún momento expusieron que el local era de una tercera empresa ni que tenían una orden de desahucio por lo que el denunciante, tras visitar el negocio con sus padres, decidió adquirir participaciones.

Para formalizar el trato, acudieron a la notaría los acusados y la víctima, que compró toda la sociedad de María del Carmen sin saber que no tenía ni finalidad ni negocio alguno.

En el acto de compraventa, la víctima y sus padres entregaron 30.000 euros en efectivo y otros 27.000 en un cheque a nombre de la empresa de Douglas.

Los acusados no explicaron en ningún momento ni que la empresa que había adquirido la víctima no tenía funcionamiento alguno ni que el local que había visitado era propiedad de un tercero, y se quedaron con el dinero.

Pocos días después, el 11 de septiembre de 2012, se procedió por orden judicial al desahucio del local, tras lo que los acusados devolvieron el cheque pero no el dinero en efectivo.

La Fiscalía ha calificado los hechos como un delito de estafa con la atenuante de reparación del daño y ha solicitado para los cuatro acusados una condena a dos años y tres meses de prisión y el pago de una multa de 2.100 euros.

Los cuatro serán juzgados por estos hechos y en dos sesiones desde el próximo 26 de septiembre en la Sección Primera de la Audiencia de Granada.